las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

En este sentido, la información remitida por los distintos comparecientes ha sido concluyente:retrocesos en materia de delitos de escasa significación, como lo resaltan las representaciones delministerio público fiscal costarricense y de la defensa pública de Guatemala, e inercia en punto a laadopción de aquellas alternativas, como lo han puntualizado los jueces de Argentina y Costa Rica, echanpor tierra los virtuales avances en este aspecto crucial del proceso de reforma.Allí donde no se haya legislado sobre este asunto huelga sostener que es urgente hacerlo, pero demodo tal que no brinde lugar a dudas acerca del alcance de tales vías alternativas para la solución de losconflictos, para sortear, una vez más, el ansia irrefrenable de la mentalidad inquisitiva.En el ámbito en que me desempeño como juez de cámara, de los dos institutos incorporadosen paralelo con el procedimiento penal ordinario, a saber, la suspensión del proceso a prueba y el malllamado juicio abreviado, el primero ha contado con el menosprecio de buena parte de los jueces y delos funcionarios del ministerio público fiscal, quienes, al momento de su introducción, se pronunciaronmasivamente en favor de una interpretación restrictiva del texto legal, que limitaría su operatividad a losdelitos correccionales.Tal vez hayan sido motivaciones de mayor ejecutividad, cuando no de comodidad burocrática,las que luego inclinaron a muchos de ellos a apreciar con mejores ojos la variante de la suspensión. Seacomo fuere, lo cierto es que la redacción de los artículos correspondientes del Código Penal deja muchoque desear; y en tal sentido, también será auspicioso que avance la reforma de la legislación de fondo enla materia.Una vez más encuentro un punto criticable en el código de Costa Rica en vigencia desde 1998 y enel dominicano de 2002: en sus artículos 25 y 40, respectivamente, se erige como condición indispensablepara la promoción del instituto que el imputado admita el hecho, consignándose en los mismos preceptos,en términos similares, que, si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanudacon posterioridad, la admisión de los cargos por parte del imputado no podrá considerarse como unaconfesión.Es una exigencia infundada, puesto que, si de lo que se trata es de colocar el conflicto bajo elparaguas benéfico de la suspensión de los procedimientos para evitar la estigmatización del incoado, a lavez que la reparación a la víctima, y si ha de ser el primero quien voluntariamente ponga en movimientoesta alternativa, no es óbice para tal puesta en marcha la circunstancia de que un individuo que se mantieneen estado -o bajo la presunción- de inocencia resigne voluntariamente un cierto margen de libertad, alaceptar la imposición de reglas de conducta, y una parte de su patrimonio, al ofrecer una reparación enla medida de sus posibilidades.Mas no sólo es infundada, sino contraproducente y desfavorable para el éxito del instituto. Anadie escapa que la pretensión del codificador de que no se considere como una confesión su admisióndel hecho imputado es una vana ilusión, y que, en los hechos, rechazada la petición o reanudado elprocedimiento ordinario, esa instancia pesará en quienes deban conocer y decidir sobre el fondo delasunto. Luego, modestamente, he recomendado –en su momento- mediante informe a quienes tuvierona su cargo la redacción del proyecto de reforma argentino que no imiten lo negativo de cuerpos de leyesgenéricamente aceptables, pero criticables en algunos tópicos puntuales. Por lo demás, en el caso de mipaís, esa condición colide insalvablemente con la organización federal constitucionalmente consagrada,por cuanto la ley de fondo en materia penal, de alcance nacional, plausiblemente deja a salvo que lamecánica del instituto no implica reconocimiento alguno de parte del imputado.Respecto del llamado “juicio abreviado”, el proceso fue diferente en el medio judicial en quelaboro. Dicho instituto, que nada tiene de juicio, por cuanto consiste en la lisa y llana supresión del mismo,fue recibido con indisimulado beneplácito por infinidad de colegas, fiscales y defensores, que hallaron ensu implementación una manera de concluir -rápidamente y sin la “incomodidad” de un contradictorio- lamateria justiciable que les correspondía asumir desde una u otra posición.167