las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

IV. MINISTERIO PÚBLICO- POLICÍA. LAS DIFICULTADES DE UNASUPUESTA DIRECCIÓN FUNCIONALLa policía es el gran incógnito, es un tema que no se ha examinado como corresponde. En laliteratura jurídica sobre Derecho Procesal Penal, el capítulo de la policía, es mínimo. En la doctrinaprocesal tradicional, siempre se define a la policía como un auxiliar técnico del juez y del fiscal. Larealidad es que esa definición contiene todos los defectos del fraude de etiquetas, pues difícilmente es unente subordinado. Conforme a la reforma introducida en la mayor parte de los países latinoamericanos,el ministerio público no sólo debería ser el protagonista de la instrucción procesal, sino que respecto dela policía, debe ser el garante que el proceso realmente sea judicial. 106 No es fácil que en la realidad lapolicía sea el auxiliar de los jueces y del ministerio público. Esa es una imagen equívoca e imprecisa.Aunque en la realidad, especialmente en un proceso de orientación acusatoria, la titularidad de la acciónpenal se le atribuya al ministerio público, en la práctica, son los cuerpos policiales los que mediantedenuncias, investigaciones oficiosas, e informes, ejercen, en la práctica, la acción penal, controlando einfluyendo en el desarrollo de la instrucción, recabando pruebas, orientando o desviando la investigación.Las dificultades que enfrenta el ente acusador al pretender ejercer un control sobre la policía, es tanantigua como la institución misma. 107 La actividad judicial, especialmente si se trata de procesospolíticamente relevantes, en que se pone a prueba la independencia de la judicatura y de la fiscalía,resulta, de hecho, subordinada a los intereses del poder ejecutivo. “[…] El principio constitucional segúnel cual la autoridad judicial dispondrá directamente de la policía judicial, se convierte realmente ensu contrario: es la policía judicial quien dispone directamente de la autoridad judicial, orientando sustrabajo, conforme a las propias opciones e intereses […]” 108En esta materia, no hay que olvidar una regla, que, aunque es obvia, no se aplica con todassus consecuencias político institucionales: el que controla la investigación, controla el resultado delproceso. Esta regla tiene una lectura lúcida en el ámbito político porque generalmente en ningún Estadoes posible que la fiscalía o la judicatura, ejerzan un control eficaz de la investigación, con todas susconsecuencias. En algún momento, por un “descuido”, se le permite a la fiscalía contar con un órganopolicial de investigación, pero posteriormente, ante los “resultados inesperados” que ha provocado unfiscal que se tomó en serio de la investigación, se reforma la ley y se vuelve al esquema tradicionalen el que la fiscalía, ni el juez , tienen un control sobre la investigación. Me parece que ésta fue ladevaluación que sufrió la fiscalía hondureña hace algunos años. En el discurso solapado, pero real, sobrelas relaciones institucionales, las aguas volvieron a su nivel y el ministerio público de Honduras perdióel poder efectivo sobre la investigación. El caso hondureño refleja muy bien la imagen de una fiscalíaque es como una “cabeza sin manos”, 109 pues al no disponer de una policía de investigación, el ejerciciodel poder requirente queda muy comprometido. Esta situación no es sólo de Honduras, que es un buen106Ambos, Kai. “Control de la policía por el Fiscal versus dominio policial de la instrucción”. Revista de Ciencias Penales N- 20, CostaRica. 2002- p.21.107Ibíd.108Ferrajoli, Luigi. “Por una reforma democrática del ordenamiento judicial”, publicado en la obra titulada: “Política y Justicia en el estadocapitalista”. Ed. Fontanella. España. 1978- p. 180.109Ambos, Kai. Ob. cit. (2002).134