las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

de control social. Esta realidad universal, independientemente de las finalidades que quiera otorgarse ala aplicación de una pena, constituye una de las razones por la cual se ha instalado la universalizaciónde los derechos humanos. Los principios de la Revolución Francesa, que inspiraron la lucha por lalibertad en el Siglo XIX, han sido incorporados en el Siglo XX, en especial después de las dos guerrasmundiales que dejaron millones de muertes. Es así como desde la Declaración Universal de los Derechosdel Hombre (1948), se han instalado una serie de instancias internacionales que tienen como finalidad, yasea en el ámbito mundial o regional, el respeto de los derechos humanos de las personas por parte de losEstados: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobreDerechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención (europea)sobre Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales entre otras. Estosinstrumentos enriquecieron el derecho internacional y conformaron además instancias jurisdiccionalesque velan por su aplicación. La última de estas instancias es la Corte Penal Internacional, que intenta eljuzgamiento de delitos de lesa humanidad.En forma paralela a este fenómeno universal sobre los derechos humanos, el derecho penal,en sentido amplio, ha instalado en forma todavía muy incipiente, gracias al desarrollo de las cienciasempíricas, una crítica profunda al fracaso de las finalidades preventivas especiales y generales de lapena de prisión. Este desarrollo de las ciencias penales, ha traído como consecuencia, congruente conel origen del derecho penal provocado por el iluminismo, la necesidad de utilizar la pena o su amenazacomo último mecanismo de intervención en la conflictividad social, así como también propuestas sobrela necesidad de incorporar alternativas menos violentas y más efectivas que la privación de libertad,todavía centro de gravedad del sistema penal. No escapa en este análisis la pervivencia de la pena demuerte, claro resabio del sistema punitivo medieval, tal el caso de Guatemala y Cuba.La universalización de los derechos humanos y el desarrollo de las ciencias penales en elsentido descrito, constituyen la base teórica de los procesos de reforma judicial en América Latina. Sufundamento político e histórico lo conforman los procesos de transición hacia la democracia iniciados enlas últimas dos décadas en toda la región. A estos aspectos debe agregarse, el hecho de que la comunidadinternacional, por distintos intereses, ya sea por la observancia de los derechos humanos o la necesidadde seguridad jurídica en las transacciones comerciales, han volcado su interés en fortalecer los procesosde transformación de las instancias tradicionales de administración de justicia.El desarrollo de los derechos humanos y de la ciencia del derecho penal está impregnado también deintereses mundiales, regionales y nacionales contrarios que ven en la transformación de estas instancias laoportunidad de incorporar nuevos mecanismos de instalación de regímenes policiales fuertes. Los motivosson diversos, pero en general confluyen visiones de inseguridad ciudadana, terrorismo internacional,después del fenómeno conocido como 11S en Estados Unidos, narcotráfico, migración y corrupción entreotros. Esta confluencia de intereses contrapuestos significa un riesgo de retorno a políticas autoritarias delderecho penal locales, regionales y mundiales, que tienen en la visión de la inseguridad una justificaciónpara reimplantar los viejos métodos de la seguridad nacional, política causante de tantas violaciones alos derechos humanos en la región. De esta cuenta, la crisis del derecho penal ya no solo se concentraen la búsqueda de salidas alternativas a la prisión, sino también la discusión de romper los límites que latradición del Estado de derecho ha establecido para “facilitar” la respuesta coactiva a fenómenos socialescomplejos, que ha falta de creatividad, han provocado su criminalización, innecesaria en algunos casose ineficiente en otros, siempre y cuando no se tengan respuestas conjuntas o previas a recurrir al derechopenal, esto por la sencilla razón de mantener este instrumento violento del Estado como ultima ratio a laconflictividad y violencia social.181