las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

La oralidad, según señalaron los participantes, además de constituir un referente paradigmáticodel proceso acusatorio, debe ser implementada de manera progresiva y debe acompañar el largo procesode ajuste de la reforma. En este escenario se destacaron dificultades apremiantes como: elevar la inversiónrequerida en infraestructura –espacios físicos y equipamiento técnico- y mejorar la capacitación defuncionarios en sus nuevos roles.ii)Métodos alternativos de resolución de conflictosSe comentó con insistencia en los cursos sobre el aumento significativo de la conflictividad social.Se mencionó que estos conflictos se trasladan con mucha frecuencia al escenario judicial, situaciónque ha contribuido a la saturación del sistema y a la necesidad de considerar medidas alternativas ocomplementarias al proceso penal como estrategia para responder de mejor forma a la solución dedisputas en la comunidad.Aunque la incorporación en el catálogo penal de formas alternativas de resolución de conflictoses cada vez más frecuente, lo cierto para muchos de los participantes es que estas medidas han encontradomayores reticencias en su implementación, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del derecho, comola laboral o la civil.Lo anterior se evidencia, especialmente, en el debate que se suscita entre quienes insisten que estosmecanismos deben entenderse como una forma de resolución de conflictos complementaria al procesopenal, y no como un mecanismo dirigido a sustituirlo o privatizarlo. Este panorama permite identificar ladificultad que reviste la implementación de estos mecanismos en la práctica jurídico-penal.Sobre el particular, se reitera la importancia de promover entre los operadores judicialesel uso frecuente y riguroso de dichas técnicas, como: la conciliación, la suspensión condicional delprocedimiento, la reparación integral del daño y el pago de multas. Las expectativas sobre los beneficiosque estos mecanismos ofrecen al sistema y a las partes sugieren la importancia de su aplicación oportunaen la resolución del conflicto.iii)Derecho de la víctima a la participación en el proceso penalSobre la base del reconocimiento de los derechos de las víctimas en el litigio, los asistentescoincidieron en afirmar que los procesos penales reconfigurados a partir de los sustanciales cambiosnormativos de los años ochenta y noventa en América Latina incorporaron una participación más activade la víctima. No obstante, se destacó que, como sucede con otros aspectos que caracterizan a la reforma,la sola consagración normativa no implica un cambio sustancial en la práctica jurídica, y en el caso de laparticipación de la víctima en el proceso los cuestionamientos no son pocos.Según algunos de los asistentes, con frecuencia se desestima la conveniencia del nuevo rolatribuido a la víctima en la medida en que sus intereses –particularmente los pecuniarios referidos alresarcimiento del daño- parecen reducir los límites del interés público y evidencian el debate sobre laaparente privatización del derecho penal.Se resaltó la importancia de avanzar en estas discusiones con los diferentes actores que intervienenen el proceso de reforma, para establecer expectativas razonables sobre la participación de la víctima enel proceso –que debe dejar de ser percibida como objeto de prueba-, y para dotar de mayor legitimidad alas transformaciones que incorpora el nuevo sistema penal.212