las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

dudoso, especialmente si tal detención tiene un plazo temporal de doce o veinticuatro horas. 133 No secumplen en la legislación comentada las exigencias mínimas constitucionales, 134 pues no es una detencióndecretada por una autoridad judicial, tampoco existe un indicio comprobado de que se ha cometido delitoy no es, evidentemente, una delincuencia flagrante. En el caso en que las autoridades policiales pretendanidentificar a una persona y determinar sus antecedentes, debe existir un motivo que justifique tal acto,empleándose el plazo más breve posible para lograr tal fin y una vez que se haya logrado, el detenidodebe ser puesto en libertad. En cuanto este problema, la constitución política guatemalteca contiene unasolución específica al establecer que por faltas y contravenciones no se debe retener a las personas a lasque pueda identificarse mediante documentos, testimonios de una persona de arraigo o por la mismaautoridad.Los agentes policiales no pueden decretar, indiscriminadamente, la detención de una persona. Suaplicación debe ser restrictiva y si es posible utilizar otra medida menos radical que asegure los mismosfines que la detención, debe aplicarse la primera, reservando la segunda para los casos más graves. 135Los plazos de veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas en los que deben ponerse los detenidos ala orden de la autoridad judicial, no deben interpretarse como una autorización para que la policía puedaretener, impunemente, durante ese lapso, sin un motivo fundado. Siempre la detención debe tener unfundamento que la justifique, de ningún modo la policía tiene autorización para privar a una persona desu libertad, sin un motivo que lo justifique, ya que de lo contrario podría incurrir en una acción delictivapor privación abusiva de la libertad. 136 La detención arbitraria e inmotivada no se justifica, aunque seadurante un lapso de tiempo inferior al que prevé la constitución, ya que tales límites temporales se refieren,exclusivamente, a la obligación de poner a los detenidos a la orden de la autoridad judicial, debiendocumplirse tal obligación, en el término más breve posible. Esta obligación la define muy claramente laConvención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), al establecer en el apartado quintodel artículo siete que “...Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez uotro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.”. En esta disposición se determinaclaramente que la autoridad de policía debe entregar a los detenidos, en el término más breve posible, a133La detención para averiguar antecedentes se convierte en un abuso y una violación a garantías fundamentales. Se puede utilizar parafines extraños a la actividad policial, amedrentando y “convenciendo” a ciudadanos que no han cometido ningún delito o falta. Estasdetenciones que se limitan temporalmente a 48 horas generalmente se prolongan y se convierten en verdaderas penas extrajudiciales conlas que se conculcan todas las garantías del debido proceso. La detención para averiguar antecedentes lesiona la garantía de presunciónde inocencia. Herrendorf, Daniel. Ob.cit., p.96134La función policial parece ser el ámbito de aplicación de todos los conceptos de peligrosidad. Es su caja de resonancia natural. No serequiere, en la práctica, la comisión de un hecho delictivo, basta una simple cualidad personal como la sospecha o la condición depeligroso, cuyo contenido impreciso se define, en cada caso. Son los conceptos mencionados los que definen la detención. La condiciónde reincidente, condenado, ocioso, vagabundo y otras similares determinan, arbitrariamente, la peligrosidad. El derecho de policíase construye a base de una praxis discrecional que ignora las garantías reconocidas en las constituciones y el derecho internacional.Ferrajoli, Luigi. Ob.cit., p.765.135Mora Mora, L.P. y Navarro Solano, S. “Constitución y derecho penal”. Escuela Judicial de Costa Rica. 1995, p. 140. La policía debeaplicar el medio menos lesivo para las garantías fundamentales, utilizando, por ejemplo, medios computadorizados para determinar losantecedentes, en cuyo caso, es evidente que no se requiere la detención. Herrendorf, Daniel. Supra nota 1, p. 98.136En los códigos penales se tipifica la privación de libertad arbitraria cometida por funcionarios públicos. Estos casos se presentancuando el funcionario “…priva a alguien de su libertad personal ejerciendo funciones que genéricamente son propias de su cargo, peroexcediéndose o extralimitándose en el caso concreto. Gómez se refiere al hecho de prolongar la detención de una persona, sospechadade haber delinquido, más allá de los términos marcados por la ley; y a las detenciones, por parte de la policía, que no responden sino aremotísimas sospechas de criminalidad o a caprichos de la fantasía de los investigadores.... Es también ilegal la privación de libertadcuando se cumple sin las formalidades prescritas por la ley. En este caso el funcionario actúa dentro del ámbito de sus funciones, sinextralimitarse; pero la ilegalidad en este caso resulta de no haber dado cumplimiento a las disposiciones legales referentes a la privaciónde libertad. Es decir, que el funcionario que dispone la detención tiene facultades para hacerlo, pero lo hace sin cumplir los requisitoslegales para ello.....”. En términos generales, las detenciones deben ajustarse a las previsiones constitucionales y legales que regulan lamateria y su incumplimiento puede constituir una privación ilegítima de la libertad, conforme al tipo penal que define la privación delibertad agravada.141