las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

también, que los hombres de la policía no es raro que recurran a medios de sugestión o de presión sobrelos arrestados o sobre los testigos a fin de inducirlos o constreñirlos a responder según sus sospechas;esta es una triste verdad, de la cual todos tienen conocimiento en los ambientes del juicio penal, perooficialmente es casi siempre ignorada; todavía más que aquella incontinencia, esta hipocresía es unamácula de nuestra civilización[…]” 140 . Esta tendencia histórica, que no es más que el reflejo del poderpolítico real de la policía, se pretende ignorar en un proyecto que se ha propuesto en el Parlamentoguatemalteco (setiembre-octubre del 2001) y que se denomina: Ley de Investigación Criminal. Dentrode esta ley, se modifica el artículo ochenta y ocho del código procesal penal, cuyo texto sería el siguiente:“ La Policía Nacional Civil sólo podrá dirigir al imputado preguntas para constatar su identidad, con lasadvertencias y condiciones establecidas para constatar su identidad, con las advertencias y condicionesestablecidas en los artículos anteriores. Deberá, así mismo, instruirlo acerca de que podrá informara la Policía Nacional o al ministerio público o declarar ante el juez, según el caso..”. La reformaparece cosmética, pero tiene, sin duda alguna, un efecto trascendental, al permitir que la policía “recibainformes”, del sospechoso o imputado, lo que se transforma, realmente, en los interrogatorios abusivosa los que se refería Carnelutti. De esta forma, la policía guatemalteca vuelve a tener licencia legal parainterrogar a los detenidos o sospechosos, abandonándose un buen principio político criminal como el quecontiene el artículo ochenta y ocho del código vigente.En la práctica policial, a pesar de las limitaciones legales y constitucionales, se sigue interrogandoa los detenidos, irrespetando garantías tan importantes como la asistencia de un abogado defensor. Elartículo 350-6 excluye la documentación y utilización de los datos e indicaciones obtenidos del sospechosoen el curso de los interrogatorios policiales que se hayan realizado sin la presencia del defensor, sinembargo, en la práctica, según refiere Ferrajoli, es posible que estos datos e indicaciones los conozca,informalmente, el ministerio público, cuyos representantes podrían utilizarlos en el interrogatoriotendente a lograr un acuerdo. El sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba, puede facilitarel ingreso de evidencia probatoria que conforme al ordenamiento, sería legalmente inadmisible. 141 Seráa los jueces a quienes les corresponderá corregir esta grave violación de las garantías fundamentales,tal como ha ocurrido en Costa Rica. La jurisprudencia de la Sala Penal costarricense ha restringidoel valor de las manifestaciones hechas por el detenido ante la policía, sin la presencia de su defensor,estableciendo los siguientes principios:i- La declaración rendida ante la policía, no tiene mayor valor probatorio.ii- La sentencia debe fundarse en datos objetivos y no en las manifestaciones extrajudicialesdel acusado. Ninguna sentencia condenatoria se puede fundar, exclusivamente, en el testimonio de lospolicías que refieren lo que extrajudicialmente les dijo el detenido. Si sólo se cuenta con el testimoniode los agentes policiales, quienes refieren lo que les dijo extrajudicialmente el acusado, la sentenciacondenatoria debe anularse, porque tal fallo carece, en sentido estricto, de prueba. 142140Carnelutti, F. Ob.cit, p.265.141Ferrajoli, Luigi. Ob. cit. “Derecho y Razón” -1995. p.794-795142Ver votos de la Sala Tercera Penal de Costa Rica, números 607-F-83, 177-F-88, 317-F-93.143