las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Todos los cuerpos de leyes que mantienen esa figura cargan con esa rémora inocultable.Tal situación se conjuga penosamente con otra, derivada de los amplios poderes otorgados por elcódigo nacional y federal al presidente del tribunal en la fase del debate.Por cierto, he sido el primero en persuadir a mis colegas de Tribunal en el sentido de considerartácitamente derogado el artículo 389 de dicho cuerpo de leyes, en cuanto prescribe que serán los jueces,y sólo “con la venia del presidente y en el momento en que éste considere oportuno, el fiscal, las otraspartes y los defensores” quienes puedan formular preguntas a las partes, testigos, peritos e intérpretes”,por estimar que semejante disposición choca insalvablemente con el requisito del tribunal independientee imparcial que reclaman los artículos 8, numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica y 14, numeral 1,del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero es forzoso reconocer que muchos miembrosde los tribunales orales actuantes en el sistema que describo se valen de preceptos como el recién mentadopara interrogar exhaustivamente al imputado y a los demás deponentes en la audiencia, evidenciando unareticencia que reputo escandalosa al rol que les reserva un procedimiento modulado por el bloque deconstitucionalidad reiteradamente citado.No puedo avanzar sin dejar aclarado el punto que critico en torno a la facultad del fiscal de recibirdeclaración al imputado.Códigos latinoamericanos recientes, que merecen especial atención, por su intento de superaratavismos inquisitivos, como el ya citado de Costa Rica –en su artículo 91 y ss.- contemplan la posibilidadde que sea el fiscal quien reciba declaración al imputado, bien que contando con la presencia de undefensor de confianza o de oficio.La misma decisión han adoptado otros códigos, como el de la provincia argentina de La Pampa,al redactarse el artículo 231 de ese nuevo texto, que señala claramente que, “en la etapa preparatoria, ladeclaración se llevará a cabo ante el fiscal encargado de ella”.Personalmente, estimo que un acto de la trascendencia de la declaración del incoado debe serrealizado, en cualquier caso, en presencia del juez competente, quien se limitará a controlar el cumplimientode todos los recaudos previos y concomitantes que garanticen la incolumidad de las garantías del debidoproceso.De ninguna manera pretendo devolver al juez el protagonismo de un inquisidor; por el contrario,procuro que quien inquiere pueda ser controlado por un tercero imparcial para resguardo de las garantíasindividuales.Si estamos de acuerdo en que el juez penal debe controlar la investigación preparatoria mediante lasdecisiones jurisdiccionales que correspondan a esa etapa, así como en que será necesaria su intervenciónpara allanar un domicilio o la correspondencia y los papeles privados de un individuo, como lo dispone,por ejemplo, la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 23 y 24, o la argentina en su artículo18, cuadra que esté presente en el momento de la primera defensa material de quien resulta investigado.Piénsese que, de no existir ese control, la presencia del defensor de confianza o de oficio carecerá dealternativas para impugnar, temporánea y eficazmente, cualquier apartamiento, por omisión o por excesodel funcionario del ministerio público fiscal, de las prescripciones legales atinentes a ese relevante actoprocesal.El cuadro se agrava si se repara en casos como el de Nicaragua, donde, tal como se ha destacado enel informe nacional relativo a la defensoría oficial, existen municipios carentes en lo absoluto del serviciode defensa pública, o en el de Guatemala, donde el informe nacional representativo de la judicatura alertarespecto de la insuficiencia de defensores públicos como uno de los cinco factores más negativos delsistema.Y ¿qué decir del caso en que se permita al imputado defenderse por sí mismo, como también loadmite el código costarricense?161