las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

predominantemente acusatorio, una pasividad o distanciamiento frente a lo que piden la partes. Enel estricto sentido, ello implica que no le interese personal y particularmente el resultado del caso yhablo de un estricto sentido de distanciamiento, pues, garantizada su imparcialidad, debe ser agenteactivo en la solución del conflicto que se le presenta. Pude incluirse en este punto la independenciadel juez por la cual él debe velar también activamente. Es claro que el imputado tiene derecho a serjuzgado por jueces independientes en relación con los restantes poderes del Estado, de sus superioresdel Poder Judicial y de toda otra influencia externa. Deben tener claro que su función de administrarjusticia, no opera bajo el principio de obediencia jerárquica que informa la actuación de los órganosdel Estado en su función administrativa. Ello para garantizar a quien recurre -voluntariamente o a lafuerza- a la jurisdicción a dirimir sus conflictos, que la única observancia obligatoria del juez, lo esrespecto a la ley. En ese sentido, existe una alta responsabilidad de la que el juez debe ser consciente:cada uno de ellos es soberano, en el caso concreto a resolver, según el marco de competencia que lefue acordado por ley, sin que ello se vea disminuido por el hecho de que el superior en grado pueda,legitimado por la interposición de un recurso, modificar lo resuelto.2- En segundo lugar, y esto atañe particularmente a la materia penal, el juez debe jugar un papel activoen la vigilancia del desequilibrio o favorecimiento que tanto desde el punto de vista procesal comoen algunos aspectos de fondo, se concede en los regímenes realmente democráticos a quien esacusado de la comisión de un delito. Una sociedad democrática debe ser agudamente conciente delpoder que ejerce sobre sus ciudadanos y de los peligros de ese ejercicio especialmente en materiade coerción. De tal forma, el juez debe entender claramente que existe una posición originalmentedesventajosa para el acusado que tiene en frente a la fuerza estatal, con su poder represivo y con sumonopolio para el uso de la fuerza. La protección del acusado de los efectos y consecuencias deesa desventaja, es básicamente la razón de ser de las nociones de debido proceso formal y ademásde muchas de las garantías de fondo, que moldean el proceso penal y el juez debe tener claro que supapel es hacerlas valer a favor de quien fueron establecidas.3- La aplicación de la ley debe ser hecha con criterios que respeten la igualdad de las personas. En elartículo 33 de la Constitución costarricense se garantiza el principio de que todos somos iguales frentea la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, especificándose enrelación con los extranjeros, en el artículo 19, que tendrán los mismos deberes y derechos individualesy sociales que los costarricenses, con las limitaciones y excepciones que la Constitución y las leyesestablezcan, limitaciones y excepciones que no podrán ser de calibre tal que desconstitucionalicenla garantía.4- Debe el juez velar por el cumplimiento de la regla de la libertad de las personas, al igual quesus excepciones, a efecto de garantizar la administración de justicia. El Código Procesal Penalde 1998 regula en los artículos 238, 239, 240, 241 y 243, el carácter excepcional de la prisiónpreventiva, la que sólo podrá disponerse, en los límites absolutamente indispensables para asegurarel descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, de donde el juez deberá valorar, en cada caso,las circunstancias que puedan llevarle a concluir que debe tratar como excepcional la situación delencartado y someterlo a prisión preventiva.5- También la intimidad de las personas habrá de garantizarse por el juez, no sólo en su condiciónpersonal, sino también de su domicilio, documentos privados y otras comunicaciones escritas. Ellono obsta para que en las legislaciones procesales puedan regular lo procedente en relación con lascondiciones en que puede válidamente afectarse ese derecho, lo que hace que estos temas le lleguena los jueces penales bajo la forma de reclamos por prueba ilegítima en tanto las medidas deben seracordadas, con carácter excepcional y según lo requiera cada caso en particular; Además sólo podráser realizada por la autoridad y, cuando se exijan formalidades especiales, éstas deben cumplirsepues, de lo contrario, la diligencia es inválida.87