las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Me referí a otra selección política penal de primer orden: la sanción, que es la rectificación oconsecuencia de la conducta ilícita. En este ámbito tenemos una amarga experiencia histórica. En efecto,la historia natural de las sanciones es tan atroz como la de la delincuencia. Difícilmente se podría saberdónde se ha registrado mayor crueldad: en la criminalidad o en la justicia penal, contemplada ésta a travésde las sanciones impuestas y del método seguido para aplicarlas. Ha sido una competencia difícil.Recordemos las primeras páginas de la magnifica obra “Vigilar y castigar”, de Foucault,y consideremos el ajusticiamiento de Damiens --el magnicida que intentó matar al monarca, sinconseguirlo--, y comparemos la conducta de éste, que no culminó en la consumación del homicidio, conla feroz reacción penal del Estado, que infirió al autor del atentado una pena de muerte ejecutada con lujode crueldad. ¿Dónde hubo la mayor dureza, la máxima impiedad?Sea lo que fuere, el Estado debe adoptar ciertas decisiones frente y contra la conducta ilícita, quese vuelcan sobre el autor de ésta: ¿qué reacciones jurídicas autorizará, como respuesta al crimen procuradoo consumado? ¿Reacciones demoledoras o recuperadoras del individuo criminal? ¿Muerte o rescate?¿Las más intensas posibles o las más benignas? Conforme a lo que sea verdaderamente indispensable o alimpulso del clamor popular, ¿cuáles serán la intensidad y la frecuencia de las sanciones? Esto, en relacióncon la más grave entre todas, la muerte, pero también a propósito de la pena de prisión. ¿Quedará acotadala privación de libertad? ¿Habrá sustitutivos de ella, sucedáneos, alternativas penales? Este es un asuntode enorme importancia, que ILANUD ha explorado constantemente: racionalidad de las penas.Más preguntas: ¿con qué propósito se infligirán las penas? ¿Para retribuir? Por su naturaleza, lapena es retribución. Pero, ¿ha de ser éste el único propósito que persiga la pena: golpear al que golpeó,tan fuertemente como lo hizo? O bien: ¿intimidar, para beneficio de la prevención general? ¿Readaptar,contener, reparar? En suma, ¿cuáles son los propósitos razonables, plausibles, admisibles de la pena?La Convención Americana toma partido a este respecto. Generalmente lo hacen los ordenamientosdel derecho internacional de los derechos humanos. Dice el artículo 5 de nuestra Convención Americanaque las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación socialde los condenados. Señala: finalidad “esencial”. No es la única, pero la incorpora a título de fin esencial dela pena, el principal, central. Puede haber otros designios, a condición de que no sean incompatibles conla finalidad esencial cifrada en la readaptación social. La Convención Americana contempla este asuntocomo una cuestión de derecho a la integridad. Dejo de lado, por ahora, el debate sobre el agotamiento delobjetivo readaptador de la pena Ya he mencionado que es preocupante desechar esta finalidad y franquearel espacio a otros proyectos penales que sirvan peor las exigencias de la dignidad humana.En su jurisprudencia, la Corte ha examinado la pena de muerte. Esta es un tema “límite” parael derecho penal, dice el profesor Antonio Beristain, gran penalista vasco. Es como una gota de venenointroducida en un vaso de agua: infecta todo el contenido, envenena el sistema penal. Yo soy abolicionista,y en este momento no me pronuncio como juez de la Corte Interamericana, sino como individuo, a títulopersonal. Creo que la pena de muerte debería desaparecer del catálogo de las sanciones. Ahora bien,debo preguntarme qué dice la normativa que la Corte debe aplicar, porque no se trata de satisfacer lasselecciones personales, sino las selecciones políticas del sistema interamericano.Cuando se suscribió la Convención Americana en la Conferencia celebrada en San José, en1969, se planteó el tema de la muerte, que siempre surge a la hora de tratar los derechos humanos. Enel ambiente había corrientes abolicionistas, pero también muchos temores y reticencias. El Continenteamericano de 1969 no era, necesariamente, el paraíso de las democracias ni el oasis para la benevolenciapenal. Ya era notable que se pudiese fraguar una Convención sobre Derechos Humanos, pero no resultabafácil ir mucho más adelante y prescindir de la pena capital. No lo habían hecho, de un primer golpe, ni laConvención Europea ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue preciso que futurosprotocolos abolieran la pena de muerte.196