las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

algún motivo, puede acudir ante el juez de la etapa preparatoria, para que éste las ordene si consideraprocedente la gestión de la defensa. En este sentido, la defensa sí se ve limitada pues depende de laopinión de la fiscalía y en su defecto de la decisión del juez. En todo caso, otra desventaja que sí tiene ladefensa pública, como ya mencionamos, consiste en que el resultado de la prueba, favorable o no, será deconocimiento de todas las partes, lo cual, por ejemplo, no ocurre con una prueba gestionada por defensaparticular, que cuenta con los recursos económicos para acudir a un experto particular, y puede definirvisto el resultado de la pericia, si lo aporta o no al proceso.La defensa pública puede gozar de la asesoría de un consultor técnico, al igual que cualquierade las partes intervinientes en el proceso. Esto de conformidad con el artículo 126 CPP: “Artículo126.- Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso, el ministerio público o alguno delos intervinientes consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, lopropondrán al ministerio público o al tribunal, el cual decidirá sobre su designación, según las reglasaplicables a los peritos, sin que por ello asuman tal carácter. El consultor técnico podrá presenciar lasoperaciones periciales, acotar observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejaráconstancia de sus observaciones. Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con quien colaboran,auxiliarla en los actos propios de su función o interrogar, directamente, a peritos, traductores o intérpretes,siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten.”Con respecto a este tema y cuáles son las opciones de consultoría técnica para la defensa pública,en sesión 31-04, se acogió por corte plena el informe rendido por la comisión de asuntos penales, enel cual se analizan los planteamiento realizados acerca del tema por un fiscal adjunto, la jefatura de ladefensa pública, la dirección del organismo de investigación judicial, un juez de juicio, y la secretaríageneral de la corte en torno al tema. En dicho informe, después de hacerse un análisis normativo dela figura del consultor técnico, así como de la figura del perito, se concluyó que son los peritos delorganismo de investigación judicial, quienes deben asumir el papel de consultores técnicos, cuandola parte lo solicite, y no cuente con recursos para financiar su propio consultor: “…lo conveniente esque el organismo de investigación judicial ceda a sus funcionarios para que con anterioridad al juiciooral, evacúen las dudas que tengan respecto de los peritajes oficiales. Esta asesoría es la única que sepuede ofrecer dadas las condiciones económicas del poder judicial. En casos muy calificados, a juiciodel departamento de medicina legal así como el departamento de laboratorio de ciencias forenses u otrasdependencias análogas del organismo de investigación judicial, se podrá asignar consultores técnicosque acompañen a las partes a los señalamientos hechos por las autoridades judiciales o a la ejecuciónde determinados peritajes. Esta recomendación debe permanecer, a juicio de esta comisión, mientras nose asignen a la institución recursos adicionales tendientes a ampliar el ámbito del servicio que aquí serecomienda. Todo lo anterior está referido a la participación de los consultores técnicos cuando deban sercubiertos por el poder judicial, y sin perjuicio de que la facultad que tiene la parte interesada de costeardicha asesoría en los casos que sea procedente…”Por lo tanto, cuando un defensor público solicita el nombramiento de un consultor técnico,el mismo se designa de entre los miembros del departamento que rindió la pericia, sin que pueda sernombrado como consultor quien haya rendido la pericia como perito oficial del caso. Sin embargo,es de resaltar la posición que mantuvo en aquella oportunidad la entonces directora del organismo deinvestigaciones judiciales, Lineth Saborío, quien en oficio 1305-DE-00 dirigido a la comisión de asuntospenales, externó su criterio: “Considera que ‘al otorgársele al organismo de investigación judicial elcarácter de «perito oficial» del ministerio público o de los tribunales y, a su vez, de «asesor» o «consultortécnico» de alguna de las partes, viene a provocar una contraposición de funciones, dado que un mismoórgano debe asumir posiciones totalmente diferentes dentro del proceso penal, lo que, sin lugar a dudas,llevará a criterios encontrados, generando conflictos internos dentro de las diferentes secciones del125