las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

ejemplo. Es la situación de la mayor parte de los países latinoamericanos. 110 Hablamos en el procesopenal de la investigación, pero pocas veces se identifica bien a la persona o instancia de poder que tieneel control político de esa función.Esta perversión asegura el abuso policial, con pocas instancias de control. También asegurala impunidad del crimen por abuso de poder y corrupción. De igual forma, impide desarrollar unaverdadera política de persecución que formalmente se le asigna a una fiscalía que todavía sigue siendoun adolescente en busca de su identidad política.El caso de Costa Rica, merece un análisis específico, pues aunque realmente existe una policíajudicial adscrita al poder judicia l11 y en el proceso de reforma del modelo enjuiciamiento, se ha logrado unimportante avance en la dirección funcional que le corresponde al ente acusador, sin embargo, consideroque el peso político de la policía judicial, aún dentro del sistema judicial, sigue siendo mayor que el dela fiscalía. Esta asimetría política entre una y otra institución, que no se ha resuelto satisfactoriamente,deja muchas dudas sobre la capacidad que tiene el fiscal general costarricense, para ejercer la direcciónfuncional de la policía judicial. La determinación de lo que debe entenderse por dirección funcional es untema que tiene algunas complejidades prácticas que, en su desarrollo, puede convertirse en un pretextopara mantener intacto el poder político de la policía. El caso costarricense amerita una evaluación deorden sociológico y político, identificando el entramado de los poderes reales y no los formales, a los quesomos tan adictos los abogados.La creación de la policía judicial es una aspiración legítima, pero los condicionantes políticospara lograrlo, son gigantescos. 112 Es una pretensión que contradice la vocación totalizadora que tienenlas instancias de control; no es fácil quebrar esta lógica. 113 Recuerdo este objetivo desde aquel interesanteinforme del ILANUD- y el IIDH, que coordinó el profesor Zaffaroni y que se publicó en el año 1986. Loscondicionantes políticos y la pretensión totalizadora de las instancias de control, han impedido diferenciarclaramente las funciones represivas de las preventivas.Que el ministerio público pueda dirigir y controlar una policía de investigación es una aspiraciónque fortalece una visión civilista del proceso, erradicando la tendencia a vincular los objetivos deseguridad ciudadana o peor, de seguridad nacional, con la investigación de hechos criminales. En el caso110No sólo es una grave disfunción de muchos países latinoamericanos, sino que en Alemania en algunas regiones se destaca el dominiopolicial en la fase de investigación. Según lo destaca la fiscal superior, jefa Margarete Bräutigam, cuando menciona que miembrosveteranos “… del ministerio fiscal o oír el término “facultad de dirección” resoplaban negando con la cabeza y que posición y realidadjurídicas eran dos cosas totalmente distintas. Según la opinión del Fiscal Superior de Munich, Manfred Wick, la policía ha invadidoel terreno del ministerio fiscal precisamente en el campo de la lucha preventiva contra la criminalidad y domina partes de la fasede investigación sin estar sujeta a control alguno....”. Ambos, Kai. Ob. cit. p.26. (2002). En el caso de Guatemala y El Salvador semencionan graves dificultades en la dirección funcional de los agentes policiales. Sobre el tema ver “Informe sobre el seguimiento dela reforma procesal penal en Guatemala”- p.90-91; sobre El Salvador ver: “Informe del seguimiento de la reforma procesal penal enEl Salvador”- p.368 y siguientes. Ambos informe publicados en Revista Centroamericana- Justicia Penal y Sociedad. N- 19 (2003)-Guatemala.111Se ha logrado, en gran medida, lo que propone Ferrajoli sobre la creación de una policía judicial encargada de la investigación de losdelitos y de la ejecución de los mandatos judiciales, con una clara separación de los otros cuerpos policiales, con las mismas garantías deindependencia que tiene la jurisdicción frente a la administración, y dependiendo, exclusivamente, del órgano judicial. Ferrajoli, Luigi.“Derecho y Razón”- Ed. Trotta. España. 1995- p.768112La ubicación institucional de la policía judicial, es un tema trascendental: se requiere, además, que esté bajo la efectiva dependenciafuncional de la autoridad judicial (Fiscalía- juez). Debe quedar a salvo de cualquier instrumentalización que responda a interese ajenos alos del propio proceso. Andrés, Perfecto. “Sobre la garantía de los derechos fundamentales del imputado en la Investigación Criminal”-Revista Centroamericana- Justicia Penal y Sociedad. N-19- 2003-Guatemala – p.494.113Bustos Ramírez, Juan. “El control formal policía y justicia”- publicado en la obra titulada: Pensamiento Criminológico II- EditorialPenínsula- España. 1983- p. 71135