las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

3. PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENALLUIS FERNANDO NIÑO,Juez de Cámara ante los Tribunales Orales en lo Criminaldel Poder Judicial de la República ArgentinaAnte todo, en esta última intervención de mi parte, deseo compartir con todos ustedes la dicha dehaber participado en la tercera y –también- última edición del segundo ciclo del Curso Internacional deCapacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina, organizado por el ILANUDcon la inestimable cooperación de UNAFEI y JICA de Japón.Como ya lo manifesté al presentarme el pasado martes, he tenido la satisfacción de colaborar encuatro de los seis eventos celebrados a partir de 2005 y esa circunstancia me permite aseverar que la feliziniciativa se ha ido desarrollando, año tras año, con el fecundo saldo de un conocimiento más vasto y másprofundo de los aspectos normativos y fácticos de los sistemas penales a los que pertenecemos, tanto losintegrantes de las distintas delegaciones nacionales cuanto quienes hemos aportado como expositoreso moderadores al devenir de las distintas sesiones celebradas; y el de robustecer la posibilidad de quecada uno de nosotros continúe operando como agente de la siempre inconclusa tarea de reforma de losprocedimientos penales existentes en cada país de la región.Me anticipo a señalar que no me guía un optimismo inmoderado ni mucho menos. Soy plenamenteconsciente de las dificultades con que sobrellevamos nuestras labores cotidianas y de los obstáculos quese alzan ante cualquier impulso renovador. Pero vale la pena que incluya aquí una referencia inicial, conel objeto de estimular a quienes desean continuar formando parte del noble movimiento transformador enla materia que nos convoca, recalcando, en paralelo con una célebre frase de Gustav Radbruch, referidaal derecho punitivo de fondo o sustantivo, que también un procedimiento penal mejor es posible, ydeberá serlo, hasta el momento en que la humanidad, perfeccionando otras vías más justas y eficaces deresolución de los conflictos graves planteados por la convivencia, logre dejarlo atrás.Afortunadamente, hoy nos cuadra debatir a partir de una plataforma completamente diferentede aquella desde la cual, exactamente un cuarto de siglo atrás, bajo el marco del mismo InstitutoLatinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,algunos nos lanzamos a la ardua tarea de contribuir a desarticular la monumental trama burocráticay represiva de unos sistemas penales arcaicos, caracterizados esencialmente por su fuerte improntainquisitiva, heredada de cuerpos de leyes europeos que habían sido abandonados, en más de un caso, enel Viejo Continente, antes de que entraran a regir en estas latitudes.Aquel comienzo fue muy modesto en sus expectativas: baste decir que, durante la década del 80,los expertos convocados por el ILANUD, entre los que tuve el honor de contarme -y aquí me limito anombrar a dos valiosos compañeros de andanzas, los Dres. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, de Colombia,y Víctor Vélez Funes, de la Provincia argentina de Córdoba- pugnábamos por persuadir a funcionariosde los respectivos poderes políticos nacionales, y a las altas autoridades judiciales de los once países deAmérica Latina visitados, de la conveniencia de dar, por lo menos, un paso adelante: abandonar aquellosvetustos códigos, en los que las funciones de conocer y juzgar se fundían en la figura de un juez instructorpletórico de potestades, facultado para imponer inmoderadas restricciones a la publicidad de los actosprocesales y a la comunicación de los imputados con su defensa técnica, en tanto que otros magistradossentenciantes, generalmente unipersonales, pronunciaban, por regla, sin mayores sobresaltos, sentenciascondenatorias prácticamente anunciadas.Proponíamos, en su reemplazo, en esa primera etapa, un sistema procesal penal mixto moderno,o mixto con garantías, según las definiciones de la doctrina de la época, basado esencialmente en cuatro157