las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

VIII. EXCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS MEDIANTE UN PROCEDIMIENTOILEGAL O INCONSTITUCIONAL. LA PRUEBA ILÍCITANuestros sistemas de investigación policial y judicial han aplicado principios muy amplios encuanto a la acción policial, lo que ha propiciado prácticas policiales arbitrarias y contrarias a garantíasconstitucionales. En el sistema norteamericano la situación ha sido diferente, porque se han definidolímites precisos con los que se pretende disuadir a la policía para que no recurra a medios ilegales paraobtener pruebas que demuestren la ejecución del delito. En cada área en donde se pueda afectar unagarantía constitucional, rige el principio según el cual toda evidencia obtenida irregularmente no puedeser usada en juicio contra el acusado. Se excluye cualquier manifestación hecha por la persona detenidao evidencia que se haya logrado durante una detención ilegal o arbitraria. 143 La regla de exclusión serelaciona directamente con la prueba ilícita, que excluye las pruebas originadas en una actuación policialcontraria a las garantías constitucionales, de tal forma en un allanamiento ilegal, en el que han actuadolos agentes de mala fe, no sólo se anula tal diligencia, sino que también se excluyen todas las evidenciasobtenidas en esa diligencia, aunque se haya localizado, por ejemplo, una cantidad importante de droga. Sepretende con estas reglas que los agentes de investigación policial sepan que ninguna actuación arbitrariao inconstitucional produce ningún beneficio, directo o indirecto a la investigación. 144 Las reglas deexclusión de la prueba fortalecen la vigencia de las garantías fundamentales que integran el debidoproceso, imponiendo un límite saludable a las potestades de investigación policial.IX. REQUISITOS BÁSICOS QUE REQUIERE LA POLICÍA EN UNA SOCIEDADDEMOCRÁTICAExisten principios institucionales básicos que debe cumplir la policía, según se han definido en laCarta Europea sobre la policía: 1451- La ausencia de cualquier tipo de injerencia política indebida en las actuaciones policiales.Este tipo de interferencias debe evitarse no sólo frente a los actos individuales, que son los más difícilesde comprobar, sino que esta exigencia requiere el diseño de una estructura policial que excluya y controlela poderosa influencia que tradicionalmente ha tenido, en Latinoamérica, el pder ejecutivo. En el casode Guatemala, el poder real que la policía ejerce en las investigaciones de los hechos delictivos, su“independencia” frente a una dirección funcional del ministerio público, que es sólo formal, propicia unainconveniente injerencia política sobre la función policial.143Es una regla de exclusión que se aplica en los casos en que sea evidente la violación de una garantía constitucional provocada por unaarbitrariedad policial. Carrió, Alejandro. “Garantías Constitucionales en el proceso penal” -Ed. Hammurabi. Argentina. 1990- p.84.144Este problema se discutió en dos casos: En el primero ocurrió lo siguiente: se sometieron a proceso a dos personas por la sustracciónde farolitos para automóviles. Los procesados consideraban que al momento de su detención, los policías carecían de una sospechaseria de que estaban ejecutando una acción ilícita. En primera instancia, se excluyeron las pruebas obtenidas durante la detención ilegal,pues se consideró que tales evidencias sólo eran legítimas si se fundaban en actos procesales válidos y no lo eran si la detención erailegítima. Sin embargo, en segunda instancia el tribunal no catalogó de ilegítima la detención; consideró que los agentes policialestenían fundadas sospechas de que podría estarse ejecutando un hecho ilícito y así lo demuestre la presencia de los dos jóvenes, uno delos cuales no estaba en posición vertical junto al vehículo. Esta circunstancia unida a la hora y el lugar, constituye un indicio fundado deque podría estarse cometiendo un hecho delictivo. En el segundo caso no se excluyó la evidencia obtenida durante una detención, ya quese estimó que ésta la “...detención de un individuo en la vía pública a los fines de requisarle sus pertenencias no requería de los indiciosvehementes de culpabilidad...pues coartar la posibilidad de la autoridad policial de revisar a quien resulte sospechoso importa, lisa yllanamente, imposibilitar su labor de prevención y favorecer la impunidad de innúmeros delitos, sin que se advierta la ventaja concretaque derive para la protección de los ..intereses fundamentales...”. Carrió, Ibíd. p.85, 86.145La Carta Europea del Policía.144