las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

distintos tipos legales a propósito de la privación antijurídica de la vida: homicidio culposo, homicidiodoloso, asesinato. Las sanciones varían: desde penas moderadas hasta sanción capital. En algunos paísesexiste la denominada “pena de muerte obligatoria”, que se aplica a diversas hipótesis de homicidiointencional, sin miramiento entre ellas. Esto impide --o torna irrelevante-- el análisis de las característicasdel hecho y de la culpabilidad.Al entrar en este terreno, como en otros, la Corte ha adelantado un gran paso, que interesa a lafacultad de los Estados para tipificar conductas delictuosas. Hacerlo, en general, es prerrogativa de éstos,pero no pueden ejercer esa prerrogativa de cualquier manera, que pudiera desembocar en arbitrariedady traer consigo una saturación penal inconsecuente con el derecho penal de una sociedad democrática.En este orden, la Corte ha observado las diferencias en el trato penal que corresponden a los distintosbienes jurídicos en juego y la diversa afectación que se les impone. Ello implica una frontera relevanteen los poderes de tipificación del Estado, en virtud de la interpretación que ha hecho la Corte en torno alprincipio de legalidad y a otras normas.En un caso se planteó la posible penalización del acto médico, cuando el facultativo brindabaatención a un delincuente y no denunciaba a la autoridad el hecho criminal del que tenía noticia. La Cortedeterminó que el acto médico, es decir, el tratamiento necesario para preservar la vida y la integridadde una persona, constituye una conducta esencialmente lícita, independientemente de que el pacientehubiese incurrido en un hecho criminal.Eso se desprende de la normativa y de la tradición, ancladas en un sistema de cultura. No es lícitoque el médico cometa delitos, como miembro de una banda criminal; por el contrario. En contraste, eslícito que brinde atención a miembros de ésta, en el desempeño de los deberes médicos que le conciernen.El médico no está obligado a denunciar a sus pacientes; tiene deberes de curación, no de denuncia odelación, que subvertirían su misión profesional.Otro tema sujeto a consideración judicial relevante ha sido la invocación legal de la peligrosidad.Como dije, en nuestro legado formativo de la justicia penal contemporánea se halla la tradicióncriminológica del positivismo. Este acentuó mucho el concepto de peligrosidad: la cantidad de malque cabe esperar de una persona, tomando en cuenta sus rasgos de personalidad, su conducta pasada,sus inclinaciones. Destaca el hecho futuro que se prevé posible e incluso probable. En ello reside lapeligrosidad de un sujeto.¿Qué se debe hacer frente a la peligrosidad? El derecho penal ha aportado diversas soluciones.Veamos la cuestión desde el punto de vista de los derechos humanos y el principio de legalidad. Sepresentó a la Corte un caso --quizás lo recuerden, por su nacionalidad, algunos de los presentes-- en elque se había aplicado una condena muy severa, legalmente prevista, tomando en cuenta el hecho objetivorealizado, la peligrosidad acreditada y la posibilidad, establecida a la luz de esa peligrosidad, de que elagente incurriese en nuevos delitos.En concepto de la Corte, esa solución atenta contra la legalidad penal. Por supuesto, la ConvenciónAmericana no contiene referencia explícita alguna acerca de la peligrosidad criminal. Es preciso, pues,interpretar las normas de ese tratado. Si procede aplicar estrictamente las leyes penales a hechos ilícitoscometidos, la peligrosidad carece de espacio. Implicaría la admisión del derecho penal de autor y no deconducta o acto; se sancionaría en función de una posibilidad que está más allá de la conducta criminalactual del sujeto enjuiciado. Se supondría que alguien va a ser delincuente, anticipando, por lo tanto, laexistencia y la consecuencia de ese futuro delito.En la presente etapa de la evolución penal, aquello contraviene nuestro concepto de legalidad.Así lo entendió y resolvió la Corte. En el caso al que me refiero, la sanción aplicable, en virtud de lapeligrosidad del agente, era la pena capital. Empero, la decisión del tribunal no se fundó en la extremaseveridad de la pena, sino en la procedencia de instalarla sobre el supuesto de la peligrosidad.195