las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

de Guatemala 114 y El Salvador, 115 se documentan las dificultades que suscitan la dirección y coordinacióncon los cuerpos policiales de investigación. El caso de Costa Rica, es un interesante escenario, al igualque lo es la actividad de la fiscalía italiana en el famoso caso Tangentopoli. Estos ejemplos permitiríantrazar un modelo de fiscalía que realmente ejerza poderes de persecución e investigación. Frente a estosresultados, también ha existido entre la clase política italiana interés de ejercer “mejores controles”sobre el ministerio público. Es decir, que el ministerio público puede encontrar, fácilmente, limitacionespolíticas para su acción, convirtiéndose en una institución que propicia la discriminación estructural enla persecución de la delincuencia. 116Estas referencias sobre el comportamiento real del sistema político, tanto en Honduras, CostaRica e Italia, permite comprender muy bien por qué razón es que le cuesta tanto a la fiscalía contarcon un grupo de investigación, porque de nuevo debe recordarse que quien controla la investigación,controla la orientación estructural del proceso. Por desgracia, debo recordar que generalmente los jueceshan tenido un papel muy desteñido en el control e investigación de las acciones lesivas a los derechosfundamentales de los cuerpos policiales. Esta es sólo una referencia que no puedo profundizar, pero queincide en la misión de la judicatura, cuyos integrantes, por diversos factores, no se atreven a rechazar oenjuiciar acciones impropias de la policía.Todas estas observaciones, nos llevan al tema de las definiciones de lo que podrían ser la relacionesentre fiscalía y policía, que nos lleva al huidizo concepto de la dirección funcional, que contempla, porsupuesto, la integración de unidades de investigación, la imposibilidad de que sus miembros puedan serseparados por orden de un superior policial, el deber de la policía de informar dentro de un plazo brevey perentorio sobre las investigaciones realizadas, la sanción a los funcionarios policiales que no cumplansus deberes y diversos controles preventivos respecto de las acciones de investigación ejecutadas porla policía. Los controles parecen sencillos, pero es probable que aún con su establecimiento, algunosjerarcas del ministerio público se autocensuren y no ejerzan tales potestades. En Costa Rica existennormas específicas que regulan todos los extremos que se han citado. Sin embargo, en una investigaciónsobre el tema, se determinó que a causa del reclutamiento de abogados jóvenes e inexpertos, son los114La existencia de convenios entre MP y PNC guatemalteca para coordinar actividades de investigación criminal, muestran dificultadespara llevarlas a la práctica. Un factor que puede incidir en este tema, puede explicarse en que la antigua policía operó en este tema sinningún tipo de control y bajo secretividad, lo que permitió abusos policiales de toda índole. Por este motivo, sería oportuno- despuésde nueve años de reforma procesal penal- reflexionar si conviene, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, seguir asignándole lainvestigación criminal a la actual PNC. No cabe duda de que la persecución penal en un modelo acusatorio debe estar a cargo del MP,por lo que toda propuesta para mejorar la investigación criminal debe adecuarse a los establecido en el artículo 113 del CPP, según elcual: Los funcionarios y agentes de policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la direccióndel MP y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que esténsometidos…”. Informe de seguimiento de la Reforma Procesal Penal en Guatemala. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad.–N-19-2003- p.91115En El Salvador, según informes de diverso origen, uno oficial y otro de una organización no gubernamental, coinciden en reconocer quela dirección funcional que debe ejercer la Fiscalía respecto de la investigación policial, presenta graves limitaciones y disfunciones; seidentifica falta de coordinación del Ministerio Público con los cuerpos policiales, excesiva carga de trabajo de fiscales e investigadores,graves limitaciones técnicas y científicas, especialmente en la cadena de custodia y las inspecciones que deben realizarse en las primerasdiligencias de investigación. “Informe de seguimiento de la Reforma Procesal Penal en El Salvador”- Revista Centroamericana JusticiaPenal y Sociedad. N- 19- 2003- p. 368116Respecto de estos condicionantes y ejercicio errático de la potestad persecutoria, Perfecto Andrés, al referirse al caso español, destacaque “... La experiencia inmediata de nuestro país ha puesto bien de relieve que los usos prevaricadores del poder adquirido legítimamentetienen consistencia más que anecdótica; que no resulta precisamente fácil su investigación, en la que, por cierto, el Ministerio Públicosuele brillar por una no-persecución verdaderamente llamativos. Esto que es clara consecuencia de la sumisión del M.F. al ejecutivo, envista del extraordinario reforzamiento de la significación de éste y de la administración, en perjuicio de la autonomía y de la capacidadde incidencia de la institución parlamentaria, debe completarse con la conclusión inobjetable de que el posible control de esta últimasobre el gobierno por la actuación del fiscal y la exigencia de eventuales responsabilidades políticas por causa de ella no pasan de seruna hipótesis de trabajo..”. Ver Perfecto, Andrés y otros. “La reforma del proceso penal” Ed. Tecnos. España. 1990- p.117.136