las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

consiste en atrapar el tema en la persecución y enjuiciamiento judicial, debilitando e invisibilizando laeficacia que tiene el control político, que es el tinglado natural en el que debe dilucidarse y evaluarsecualquier manifestación del abuso de poder.El sistema judicial, además de sus naturales, razonables e históricas limitaciones, no puede lidiar,en solitario, con una actividad de investigación y represión de delitos que se ejecutan al amparo de unaestructura que controla los centros neurálgicos, quizás ocultos, como ocurre muchas veces, de poder.jueces y fiscales, a pesar de su poder formal, nada despreciable, poco pueden hacer en la persecucióne investigación de los infractores que controlan, sistemática y organizadamente, el aparato político. Laingenuidad en esta materia es el mejor aliado de la impunidad.Desde el punto de vista político, el ministerio público debe cumplir su misión, pero sin ignorarsus limitaciones, lo que requiere la intervención de otras instancias, de naturaleza política, que debenejercer, la difícil misión que corresponde al control político. Los abusos de poder, las desviaciones ensu ejercicio, deben ser evaluados, predominantemente, mediante los variados instrumentos que brinda elcontrol político, que exige, en todo caso, un juicio de reproche o de justificación.Ni los jueces, ni los fiscales, tienen plena capacidad para lidiar con una discusión y polémica queestos procesos desencadenan. Se da la paradoja que son procesos judiciales, que inciden en el ejercicio delpoder político y que tendrán, en alguna medida, tarde o temprano, una respuesta política, una polémicapara lo que no están preparados ni les corresponde asumir, a jueces y fiscales. La función judicial no estápreparada para entrar en una polémica a la que están acostumbrados quienes actúan en la arena política.El papel de la fiscalía debe visualizarse con mayor modestia, sin devaluar su función. Deberáasegurar la vigencia de derechos fundamentales que pondrá a prueba la eficacia del sistema, pero no puedeasumir la respuesta política, el control político inevitable, que debe originarse en los espacios en donde elpoder, el enfrentamiento público, la dinámica de la controversia y el acceso a los ciudadanos, es una tareacotidiana. En otras palabras, la fiscalía debe estar a la altura de las circunstancias, pero no puede sustituir,de ninguna manera, las funciones de control político que debe asumir, inevitablemente, la ciudadanía ycon mayor razón, los partidos políticos, el Parlamento y los miembros del Poder Ejecutivo.No puede ignorase que las normas punitivas, tienen limitaciones, exigencias de legalidad quecrean espacios que no son penalmente punibles, pero que sí lo pueden ser desde una perspectiva ética omoral. El propio proceso, con sus formalidades y su liturgia, deja muchos elementos de control al poder,que no pueden dilucidarse en la arena judicial, sino que deben enfrentarse y valorarse desde las instanciasde control político de cara a la opinión pública.XI. LA ASIMETRÍA ESTRUCTURAL EN LA PERSECUCIÓN Y EL PRINCIPIO DEIGUALDAD. VENCIENDO LA DISCRIMINACIÓNEl derecho penal no tiene ningún efecto mágico. La represión, a pesar de su espectacularidad, seaplica selectivamente, criminalizando al débil e inmunizando al poderoso. No se trata de condicionamientode orden subjetivo, es un sesgo de orden estructural. Si vemos el derecho penal con sus limitaciones ymiserias, quizás podamos ver mejor el futuro de estas leyes contra la corrupción y el enriquecimientoilícito. Al ministerio público le corresponde tratar de corregir la discriminación estructural que provoca elsistema penal. Es aquí en donde un principio tan sencillo como el de igualdad, sufre muchas variacionesy presiones.XII.DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDADHay muchas limitaciones en el desarrollo de una política de persecución contra la gran criminalidad.Casos como el que refiere Vargas Llosa en relación con el enjuiciamiento de Luis Bedoya Vivanco, son105