las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Catorce Estados americanos suscribieron entonces un documento solemne en el que formulabanel propósito de suprimir la pena de muerte. Debía hacerse así, con cuidado y reflexión, en un protocoloadicional al Pacto de San José: protocolo que ya existe, por cierto. La Convención, en sí misma, noprohíbe la pena de muerte; la autoriza. El Protocolo la prohíbe. Ha sido suscrito por nueve Estados,solamente. Nueve, del conjunto de veinticuatro suscriptores de la Convención Americana. ¿Por qué nohan suscrito todos los que firmaron la Convención? ¿Se trata de un “as en la manga”? No incursionaré enel laberinto de la psicología política para desentrañar el ánimo de los Estados. El hecho es que ahí estánla pena de muerte, por una parte, y el protocolo abolicionista, por la otra.En la Convención Americana campea, sin duda, una fuerte tendencia limitativa de la sancióncapital. Existen limitaciones en cuanto a los delitos sancionables con pena de muerte, que sólo serán losmás graves, dice el artículo 4 de la Convención. Por lo que hace a garantías procesales para la imposiciónde la pena de muerte, se abre la puerta de los remedios extraordinarios o excepcionales, como el indulto,la amnistía, la conmutación, que no deben excluirse de antemano --como ha ocurrido en la legislación dealgunos países—. Hay otras consideraciones limitantes relacionadas con la persona del reo; por ejemplo,la edad, el estado de gravidez de la mujer sentenciada.En litigios sometidos a la Corte se ha planteado un punto al que antes aludí: la denominada “penade muerte obligatoria”, que se dirige indistintamente a todos los homicidios intencionales, sin reconocerdistinciones fundadas en las circunstancias de comisión o en la culpabilidad del autor. En este ámbito, laCorte ha examinado el arduo tema de la gravedad de los delitos y de las penas correspondientes.Si la Convención señala que la pena de muerte es aplicable sólo en el supuesto de los delitos másgraves, es preciso explorar cuáles son esos gravísimos crímenes. Lo ordena la Convención, no sólo elbuen juicio del tribunal. Hay que establecer, por ende, cuál es el bien de más alta jerarquía en el catálogodel ordenamiento penal, cuya afectación entrañaría el delito más grave. Evidentemente, se trata de lavida. También es preciso analizar, como antes mencioné, la forma en que se afecta ese bien y la presenciade otros bienes jurídicos afectados por el hecho criminal.Las legislaciones nacionales suelen distinguir, correctamente, entre un homicidio simpleintencional, tipo fundamental o básico, y un homicidio calificado, que se comete con alevosía, ventaja,traición, o con medios devastadores. Las legislaciones prevén sanciones diferentes para los distintossupuestos reconocidos. Tomando en cuenta estos deslindes racionales, la Corte interamericana subrayaque el delito de mayor gravedad es la privación dolosa de la vida, cometida en la forma asimismo másgrave, que revele mayor culpabilidad y genere mayor riesgo o daños adicionales.En consecuencia, no es aceptable que se aplique la misma sanción a todos los supuestos deprivación intencional de la vida, si queremos honrar las disposiciones de la Convención Americana. Siésta admite la pena de muerte para los delitos más graves, es preciso reconocer que no se puede aplicar alos que no revisten esa máxima gravedad específica.La jurisprudencia interamericana ha examinado también el problema que plantea la previsióny ejecución de penas propiamente corporales. No incluyo en este rubro la prisión, que entraña muchomás que una afectación del cuerpo, sino sanciones tales como la flagelación o los azotes. Estas penasprácticamente han desaparecido de nuestras leyes, pero subsisten en algunos países de América, receptoresde tradiciones jurídicas inglesas, que han sido muy rigurosas. Inglaterra, como toda Europa, ha dadopasos para la moderación penal. Se ha suprimido la pena capital y se han abolido las penas corporales.Sin embargo, de la dura tradición penal inglesa provienen algunos ordenamientos vigentesen países del ámbito americano: la región del Caribe. Existe la pena de flagelación, que se ejecuta encondiciones muy severas. A este respecto, la Corte ha estimado que dicha sanción entraña un trato cruel,inhumano y eventualmente degradante. No puede subsistir, por lo tanto, si se considera que la ConvenciónAmericana prohíbe los tratos de esa naturaleza.197