las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

para todas las instancias de gobierno. Se debe hacer una radiografía del poder que se ejerce en los paísesde la región, para identificar los nervios del poder real, cuyo alcance y contenido no tiene mucha relacióncon las divisiones formales que contiene la Constitución.En nuestros Estados, dicho en términos generales, ¿cuáles son los verdaderos nervios del poder,quién gobierna nuestros países? Quién gobierna en los diversos países. Porque hablar del Estado dederecho, de la democracia, sin saber, sin tener una idea exacta, del poder real que ejerce la élite del poder,de los verdaderos protagonistas que definen la orientación política del Estado, puede convertirse en unejercicio formal, que ignora los límites infranqueables que enfrentan instituciones como el ministeriopúblico.Planteo como supuesto fundamental que el contexto de un ministerio público que esté máscercano a la promoción de la justicia debe ser un régimen semi-parlamentario, con partidos políticos quefuncionen con una estructura jurídica y política que permita ubicar mejor las instancias efectivas de podere influencia.No importa dónde se ubique institucionalmente el fiscal general. En muchas ocasiones no esni fiscal, ni general de mucho, probablemente sabrá que tiene un poder muy acotado, limitado por lospoderes fácticos, por los reales, por los formales, por los policiales, por los militares, en fin, por muchoscentros de poder, visibles y sumergidos, que se ejercen y que asfixian la democracia y el Estado socialde derecho.Digamos que ésta es la macro visión del contexto de la estructura de poder que debe rodeara un ministerio público, no sólo como acusador penal, sino como actor que cumple una importantemisión en la defensa de los derechos fundamentales. Que ésta es, al fin y al cabo su misión política mástrascendental. Empero, respecto de Latinoamérica, es importante plantearse el alcance, el contenido y loslímites de una verdadera procuraduría de justicia, que arrastra el estigma de ser el abogado del Estado,que en un sistema presidencialista como el que predomina en la región, es como decir, el abogado delPresidente.Dentro de esta vocación constitucional, el ministerio público debería oponerse a las leyes quelesionan derechos fundamentales, señalar su crítica a la perversión del sistema penal que, en muchasocasiones, resulta ser la respuesta “más cómoda y engañosa” frente a problemas sociales tan graves comola pobreza y la marginalización. ¿Tendrá capacidad para hacerlo? ¿Podrá la fiscalía plantear accionesde inconstitucionalidad por la existencia de delitos inexcarcelables o por la criminalización de actosque reprimen el ejercicio de derechos fundamentales? Estos interrogantes son difíciles de responder, enuna atmósfera internacional en que todo parece resolverse por la fuerza, la guerra preventiva, el librecomercio de los países más ricos, la tortura del enemigo o la invisibilización de los sospechosos. Estosinterrogantes señalan los condicionantes políticos de una fiscalía que debe hacer algo más que encarcelara pobres y marginados.Dejando atrás este vistazo sobre la maquinaria real del poder, no es posible detenerse a examinarel tema del Estado social, porque es un reto que daría espacio para muchos argumentos e interrogantes,especialmente en horas en que parece que no es importante el Estado social, sino el Estado privado dederecho, ese mundo en que la ley de oferta y demanda, resolverá los desequilibrios. Es interesante evocara las famosas leyes del mercado, porque la realidad demuestra que, en muchas ocasiones, no existeel reinado del consumidor. Esta es una referencia contextual que no se puede examinar en este breveensayo, pues es un concepto que respecto del ministerio público no tiene un efecto inmediato, sin ignorar,por supuesto, que en la creación de poderes fácticos y poco transparentes, el tema de la privatizacióny reducción del tamaño del Estado tiene especial trascendencia. Por el momento, el ministerio públicoparece estar a salvo de la privatización, pero bien podría ser que en alguna investigación del INCAE ode alguna Universidad de “Chicago”, se pueda plantear esta posibilidad en la búsqueda permanente dela racionalidad capitalista y quizás dentro de treinta años, hablemos de las políticas de persecución de laempresa Castigo S. A.94