las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Otro gran tema de la jurisprudencia interamericana, muy frecuentemente abordado, es la privaciónde la libertad, sea preventiva, sea punitiva. Como sabemos, existen diversas categorías de privación de lalibertad: la que se aplica, en el curso del proceso, mientras el tribunal dicta sentencia; ésta tiene carácterpreventivo o precautorio, y la que se dispone y ejecuta con fines de punición; pena de prisión, en sentidoestricto.En torno a estas medidas, la jurisprudencia de la Corte ha examinado cuatro conceptos básicos.Sobre ellos gira el criterio del tribunal a propósito de la privación de libertad en la mayoría de loscasos que ha analizado. En este sentido, destaca la exigencia de condiciones de vida digna durante lareclusión, requisito para que la prisión preventiva y la prisión punitiva sean admisibles en el marco dela protección de los derechos humanos. También es preciso retraer las medidas de coerción sobre losreclusos y detenidos; sólo son admisibles las que resulten absolutamente necesarias, sin extremar laintensidad y las implicaciones de la privación de libertad.En tercer término, el trato general de los reclusos ha de tomar en cuenta que éstos integranun grupo humano especialmente vulnerable. Bajo esta certeza, que no requiere demostración, han defincarse las medidas de diverso género que caracterizan la vida en prisión. En cuarto término -que podríaser el primero-- figura la asignación al Estado de una condición especial de garante de los derechos dequienes se hallan privados de libertad. Corresponde a aquél respetar y garantizar los derechos humanosde todas las personas sujetas a su jurisdicción. Estos deberes asumen perfil propio cuando se proyectansobre personas privadas de la libertad.El Estado debe generar, propiciar, favorecer condiciones razonables para que se desenvuelvala vida individual y colectiva. Esto no significa que el poder público nos “tome de la mano en todo elcamino que va de la cuna a la tumba”, como fuera la divisa --rescatable, por supuesto-- del Estadosocial, respondiendo por todo lo que ocurra, en cualesquiera circunstancias, a todos los individuos. Nosería razonable depositar en el Estado tan amplia y pesada responsabilidad.Ahora bien, en la medida en que el poder público priva de libertad a una persona, regulaminuciosamente su existencia, sustituye su voluntad por decisiones del poder, como acontece en unaprisión para adultos o para menores o en un centro de internamiento para enfermos mentales, que son“instituciones totales”, el Estado asume una relación singular con esas personas, un deber específico degarantía de sus derechos, que los interesados no pueden ejercer y desarrollar por sí mismos. Se profundiza,pues, la situación de garante del Estado.Es evidente que el preso o el enfermo mental recluído no pueden tomar decisiones por sí mismos,regular su propio régimen de vida, trabajo, educación, alimentación, recreación. El Estado ha asumidoesa autoridad y concentrado las decisiones en su propia voluntad. Si esto es así, el Estado adquiere unagran carga de responsabilidad y se convierte en garante, con perfil especial, de prácticamente todos losderechos y libertades que conserva la persona recluída, en la medida en que se ha suprimido la posibilidadde que el detenido los atienda por sí mismo. Este es un tema muy frecuentado por la jurisprudencia de laCorte Interamericana.Ha transcurrido más tiempo del previsto para el desarrollo de esta exposición. Lamento haberprolongado la charla, quizás excesivamente. Me he extendido en virtud de mi propio agrado por tenerlesaquí, huéspedes apreciados de la Corte Interamericana, y de la relevancia que para todos tienen los temaspenales a los que me he referido. Agradezco al ILANUD la organización de este encuentro, y a ustedes suasistencia y su paciencia. Quedo a su disposición para responder a sus dudas, observaciones y preguntas,en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias.198