las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

vi)Racionalización de la intervención penalEl discurso dogmático del derecho penal ha desarrollado sin cortapisas la vocación de ultima ratiodel “derecho a castigar”, concedido al Estado para dar respuesta a la conflictividad social. Es justamenteeste discurso el que, según los asistentes, fundamenta en buena medida la pertinencia de la reformapenal.En este sentido, institutos como la participación ciudadana en la administración de justicia,la implementación de técnicas alternativas para la resolución de conflictos, el uso excepcional de laprisión preventiva, y los mecanismos alternativos a la pena de prisión, encuentran precisamente su baseconceptual en la necesidad de racionalizar el sistema penal. Sin embargo, se insistió en que la prácticajurídica excede de lejos el marco normativo.Se observó, además, que la tendencia del derecho penal a ampliar su radio de intervención, se vecondicionada por la tensión de derechos entre los ciudadanos, particularmente los relativos a la libertady a la seguridad. La normativa de los procesos de contrarreforma penal, evidencian, según se expresóen diferentes sesiones de los cursos, la identificación de un enemigo social difuso, que se refleja en underecho penal caracterizado por elementos represivos y punitivos.Por lo anterior, el reto que debe afrontar la reforma penal al consolidar un equilibrio entre laprotección de los derechos fundamentales y los reclamos de seguridad de la ciudadanía es decisivo. Deesta manera, se consideró importante instalar en el debate público la cuestión referida al alcance de lareforma como estrategia para el cumplimiento de ciertas demandas sociales. Especialmente de aquellasque depositan en el derecho penal una responsabilidad sobredimensionada en el mantenimiento del ordensocial, y que desconocen la incapacidad de las penas para atender la profunda crisis de desigualdad yexclusión social que definen en buena medida la conflictividad en las sociedades latinoamericanas.Notas finales 174Lejos de pretender agotar los contenidos de los temas expuestos y discutidos por los asistentes alos cursos internacionales de capacitación en “Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina”,este documento procura delinear las fronteras del análisis crítico que orientaron dichas jornadas. Eneste propósito, estas líneas constituyen sólo una referencia sucinta del profundo debate que se generaactualmente alrededor de la reforma al sistema de justicia penal en América Latina, como elementosustancial en la consolidación de la democracia y del Estado de derecho.Teniendo en cuenta la salvedad señalada en el párrafo anterior, y con el ánimo de invitar a lareflexión a partir de los temas destacados en estas páginas, es preciso mencionar algunos interrogantesque continúan latentes en las reformas sancionadas en los países del área y que son transversales a lasmodificaciones sustanciales que incorpora el sistema penal de base acusatoria. Algunas de estas inquietudesestán relacionadas con la inversión que se requiere para activar el funcionamiento del sistema, y otras serefieren a la evaluación del impacto del nuevo proceso penal.En cuanto a la inversión, se cuestiona con frecuencia cuál debe ser el monto de la apropiaciónpresupuestal que requiere la reforma para entrar en marcha, de qué forma se pueden medir los resultadosde dicha inversión, así como qué entidades deben asumirla y en qué medida. De otro lado, en cuanto a laevaluación del impacto y al alcance de la reforma, no ha sido fácil identificar los métodos y mecanismosde evaluación idóneos para este proceso.174Las reflexiones generales contenidas en éste título reflejan la opinión de las relatoras, sobre la base de lo expuesto y discutido en lassesiones de los Cursos.214