las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

cuando se perjudique el curso normal de los procedimientos. Cuando el imputado esté privado de lalibertad, el encargado de custodiarlo trasmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquelformule, dentro de las doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con eldefensor.Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque elimputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución, el derechointernacional y el comunitario vigente en Costa Rica y esta ley.”El contenido del derecho de defensa ha sido ampliamente tratado por la jurisprudenciaconstitucional y encontramos un análisis muy acabado de este tema, en una de las jurisprudencias másvaliosas y conocidas de la sala constitucional costarricense, el voto 1739-92 del primero de julio de1992, el cual hace amplísima referencia al punto, indicando al respecto: “d) los derechos de audienciay defensa: En el lenguaje escueto de nuestra Constitución, el derecho general a la defensa, y tantoen lo penal como, en general, en toda materia sancionadora o que pueda desembocar en la supresióno restricción de derechos subjetivos de las personas, está también consagrado en el artículo 39 de laConstitución, y se desarrolla, además, extensamente en el Código Procesal Penal y en el artículo 8 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, este último en sus párrafos 1, para todo proceso, y 2a 5 específicamente para el proceso penal. El derecho general de defensa implica otros, particularmenteel de audiencia y los principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación ofundamentación debida de toda resolución procesal. (…) Cabe advertir, asimismo, que el derecho dedefensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente,lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos losrecursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio, asícomo la necesidad de garantizar al imputado y a su defensor respeto, al primero en virtud de su estado deinocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al segundo por su condición de instrumentolegal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la causa que defienda, la persona del reo o lagravedad de los hechos que se le atribuyan…”Es decir, que para que el derecho de defensa pueda ser ejercido a cabalidad, se requiere no sólode la defensa que ejerce el acusado por sí mismo (defensa material), sino la defensa que pueda realizarel abogado que lo asesora, gracias a sus conocimientos técnico-jurídicos (defensa técnica contempladaen el artículo 13 del Código Procesal Penal, como veremos más adelante).Sin embargo, resulta necesario adelantar aquí, un aspecto que analizaremos con mayor detallemás adelante, y es el hecho de que el servicio de defensa pública se ha ido ampliando a otras materiasaparte de la penal. De manera tal que la institución de la defensa pública, como asistencia legal gratuitapara aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para ser asesorados por un abogadoparticular, resulta fundamental en un auténtico Estado de derecho, pues es una forma de garantizar elcumplimiento de los derechos de las personas.2. Normativa esencial sobre la defensa públicaDesde el punto de vista normativo, es importante aclarar que la defensa pública no cuenta conuna ley específica a este momento, aun cuando existe un proyecto que espera su aprobación por CortePlena para ser remitido a la Asamblea Legislativa. Siendo así, encontramos que al estar la defensa públicaadscrita al poder judicial, su fundamento legal se encuentra previsto en la ley orgánica del poder judicial,que en su Título VI “De las personas y dependencias que auxilian la administración de justicia”,Capítulo II “De los defensores públicos y de ofi cio” indica en el artículo 150: “La defensa pública esun órgano dependiente del Consejo Superior, pero únicamente en lo administrativo; no así en lo técnicoprofesional. Estará a cargo de un jefe y tendrá la organización que la Corte disponga.”111