las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

justicia, pero al momento de presionar para que los cambios se profundicen, sucumben ante la urgentenecesidad de resolver sus casos concretos o bien no están dispuestos al cambio que implica en sus propiasprácticas profesionales. Las demandas sociales sobre el contenido de la reforma judicial no impactan enla solución de los problemas estructurales. La mala imagen que los distintos sectores sociales tienen sobrela justicia, constituye un factor que motiva, sin lugar a dudas profundizar en la transformación del sistemajudicial. Su percepción no está lejos de la realidad. Sin embargo, está condicionada por varios factoresque le impiden tener una apreciación objetiva, como lo es la dependencia que se tiene de los mediosmasivos de comunicación sobre los temas judiciales, lo que facilita las posibilidades de manipulaciónsobre la problemática estructural. Y en segundo lugar, la poca utilización de los instrumentos jurídicospara canalizar sus demandas más concretas y sectoriales. De esta cuenta, la crítica judicial se vuelvedifusa dentro del contexto de demandas sociales sobre el funcionamiento de la justicia y por lo tanto,espontánea.Una cuarta variable se refiere a los ritmos de la cooperación internacional en el apoyo de losprocesos de reforma. Es innegable que una de las preocupaciones centrales de la comunidad internacional,en especial en sociedades postconflicto, se refiere a la necesidad de normalizar los sistemas políticosde todos los países sobre ciertas bases de libertad y respeto con el fin de consolidar determinado nivelde democracia, garantizar el respeto a las inversiones extranjeras, consolidar el intercambio comercialy evitar que se instalen nuevamente estallidos sociales que pongan en riesgo gobiernos legítimamenteconstituidos. La comunidad internacional, a pesar de que su intervención en el sector justicia es novedoso,con acierto ha considerado que éste podría contribuir a los fines propuestos. Sin embargo, su introducciónno ha considerado lo suficiente que el proceso de reforma está inmerso en una dinámica con distintosintereses de sectores sociales que hacen incompatible muchas transformaciones deseadas y por lo tanto,pretender resultados profundos a corto plazo resulta muchas veces imposible.A pesar de estas variables que condicionan la transición judicial, se encuentra una amplia variedadde propósitos, comunes en todos los países de la región, que los actores del cambio ineludiblemente debenconsiderar y que marcan su contenido de transformación: conseguir que los sistemas judiciales seanaccesibles para recibir las denuncias y demandas de todas las personas especialmente de los más débiles,que sean rápidos en resolver las cuestiones planteadas, que sean predecibles en sus decisiones, que seaneficaces en el control del crimen, que sean respetuosos de las garantías judiciales y que repriman a quienesvulneran los derechos humanos, que sean eficientes en su gestión administrativa, que sean eficaces enla determinación de los derechos de propiedad, que controlen la corrupción y que sean transparentesentre los más comunes. Esta gama de propósitos nos llevan a la conclusión, que en definitiva, la reformajudicial se conforma como un elemento central para la legitimación del sistema democrático.La participación de la sociedad civil dentro de este proceso es fundamental, no solo por el factorde legitimación de los cambios, que ya de por si constituye un aporte central que fortalece la democracia,sino también porque las instituciones del Estado responsables de su transformación han demostrado,hasta el momento, incapacidad de transformarse a sí mismos. De esta forma, la sociedad civil, ademásde constituirse en un ente con capacidad de monitorear el proceso, deberá proveer propuestas viables queenriquezcan y acompañen los cambios estructurales para satisfacer sus demandas de justicia.Los modelos normativos definidos, que dan paso en los últimos diez años al inicio de la reformajudicial en la región, llevan implícito la posibilidad de materializar estos contenidos, pero corren elriesgo de que las variables descritas faciliten su instalación superficial sin posibilidades de cambio real.Una de las posibilidades de disminuir estos riesgos, lo constituye la acumulación de fuerza políticanecesaria que de respaldo a los cambios iniciados. Esta puede construirse a partir de la identificación delos sectores sociales motivados en la transformación del sistema judicial por sus contenidos descritos,a los cuales habrá que dotarlos de información oportuna y convocarlos para la incidencia a partir de174