las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

adscrita al poder judicial, recibió de un día para otro una carga de trabajo tal que incidió en altosíndices de prescripciones y, por un tiempo, causó un verdadero estado de colapso. Los antiguosjueces de instrucción, convertidos en jueces de garantías, continuaron sintiéndose dueños de lainvestigación, ahora en manos de los fiscales. Además, las malas prácticas de los jueces de juicio,continuaron dándose, fundamentalmente con juzgadores y juzgadoras queriendo tener un papelprotagónico frente a las partes en el debate y manteniendo fuertes tendencias hacia la escriturizaciónde actuaciones y procedimientos.d. Los errores más importantes que pudieron detectarse con el tiempo tuvieron que ver con la faltade preparación para el cambio del ministerio público. Una verdadera avalancha de expedientes lefueron trasladados lo cual sofocó a esta instancia hasta hacerlo casi colapsar. No ha sido sino en losúltimos años que esa etapa está siendo superada y reivindicado el ente acusador como órgano rectorde la acusación penal en nuestro país. De igual manera el Código Procesal Penal en balance quepudiéramos hacer a once años de su promulgación y nueve de su vigencia, arroja saldos negativosque tienen que ver con:e. Metas de oralidad logradas muy a medias.Se sigue arrastrando la cultura escrita. Los expedientes siguen siendo voluminosos tomos que ensentido irónico llamamos “monumentos a la oralidad”.i. Persiste la manía actuarial, todo queremos consignarlo por escrito: solicitudes de laspartes, resoluciones de los jueces, sentencias innecesariamente extensas;ii. Algunos momentos procesales decisivos como la audiencia preliminar resultan del todoineficientes, pues no cumplen con su cometido, en este caso de verdadero filtro para asegurarseque llegue a juicio sólo lo que sea necesario y con el bagaje probatorio indispensable. La principalpatología en este momento procesal es el ofrecimiento indiscriminado de prueba por parte delministerio público y la pobre valoración que se hace de ese ofrecimiento, siendo que la tendenciade los jueces penales en esta etapa es elevar los asuntos a juicio con toda esa carga probatoria,lo que a su vez congestiona los tribunales de juicio que se ven obligados a señalar tiempos muyamplios para la realización de los debates.iii. Sigue dándose un manejo de debate con incorporación material de actas y la intervenciónoficiosa de jueces llenando omisiones del ministerio público y otras partes. Es más, a lo largo detodo el proceso hay una auténtica confusión de roles porque los agentes del ministerio públicodescuidan la investigación preliminar y las solicitudes al juez y porque el juzgador pretende llenarlas falencias de los fiscales o bien no les permite asumir sus roles tal cual está previsto, etc.iv. Se ha desnaturalizado la función de las medidas cautelares. Principalmente se usa yabusa de la prisión preventiva. Un estudio nacional demuestra que cerca del 60% de las prisionespreventivas impuestas, son modificadas menos de un mes después de su imposición, lo cual noshace cuestionar su necesidad desde el principio. El clima de alarma social y la presión de mediosde comunicación, están jugando un papel en la ligereza con que el ministerio público pide, y losjueces la conceden, esta medida cautelar extrema.v. Asimismo, la meta de eficiencia y eficacia han sido logradas a medias. La utilización demedidas alternas al juicio es relativamente alta, según datos de CEJA, alrededor del 60% del total151