las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

El resultado más notorio de las privatizaciones en la justicia penal y su funcionamiento comonegocio se observa en los Estados Unidos, país en el que se originan y que equivocadamente sueleponerse como ejemplo en la materia. Allí el crecimiento aceleradísimo del número de casos tratadospor la justicia penal desde 1980, y el también aceleradísimo crecimiento de las tasas penitenciarias,que son las más altas del mundo, constituyen una gran fuente de ganancias para un reducido grupo deempresas de la defensa y transnacionales penitenciarias que cotizan en la bolsa de comercio de NuevaYork. Una reciente investigación del Departamento Nacional sobre Investigación Económica de dichopaís que compara el trabajo profesional de los defensores públicos asalariados estatales y los del sistemaoutsourcing, concluye que los estatales realizan un trabajo profesional significativamente mejor medidoen términos de lograr un menor número de condenas, y condenas menos largas, y que estas diferenciasafectan a las comunidades de minorías y de inmigrantes y por lo tanto constituyen una violación de susderechos civiles protegidos por el título VI del Acta de Derechos Civiles 8 .En América Latina tenemos ejemplos de defensa pública estatal de alta calidad a nivel mundial,que son una importante referencia para cualquier país que desee asistencia técnica en la materia. Doscasos que podemos citar, sin demérito de otros posibles, son la Defensa Pública de Costa Rica, y laDefensa Pública de la Nación Argentina. Aunque con algunas diferencias entre sí, ambas son del modeloestatal, y son un ejemplo de la calidad profesional, amplia cobertura y eficiencia que puede lograr dichomodelo cuando se le asignan los recursos humanos y materiales indispensables y se profesionaliza uncuerpo de defensores y defensoras con estabilidad laboral y el estatus que les corresponde dentro dela justicia penal. Ambas se distinguen por su independencia, que se verifica por haber defendido conéxito casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También son más eficientes en cuanto acostos, mientras que el modelo outsourcing, además de ser más caro, establece dos categorías de defensa,de primera calidad para quienes pueden pagar su defensa privada, y de segunda calidad para quienes sondefendidos por dicho sistema.En cuanto a la privatización penitenciaria, el ILANUD ha estudiado el tema en detalle (Nathan,2009; Carranza, 2009). Para nuestros efectos sobre este punto solo recordaremos aquí que la ejecuciónde la pena de prisión como parte de la justicia penal es función indelegable del Estado, por lo que suprivatización no es admisible y ha conducido a graves aberraciones. A esta razón principal se suman otrasrazones éticas, de política criminal, y de costos. Diremos asimismo que los países que a nivel mundialposeen las prisiones que más se adecuan a los instrumentos internacionales que regulan esta pena, ycuyas prisiones son más respetuosas de la dignidad de las personas presas y de las personas funcionarias,poseen todos prisiones estatales: Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Canadá. Todo esto puede verseen detalle en la bibliografía citada.xii) Del intercambio de información y conocimientos a lo largo de tantos talleres regionales surge que peseal esfuerzo denodado de muchos de los funcionarios y funcionarias de nuestros sistemas de justiciapenal desde sus posiciones en las policías, los ministerios públicos, las judicaturas, las defensaspúblicas y las cárceles, nuestras sociedades producen una justicia sesgada, con gran impunidad paraalgunos delitos, y criminalización de la pobreza en el otro extremo, (con diferencias y particularidadesentre países, en una región muy extensa con realidades diversas).8The right to an equal and fair trial regardless of wealth is a hallmark of American jurisprudence. To ensure this right, the governmentpays attorneys to represent financially needy clients. In the U.S. federal court system, indigent defendants are represented by eitherpublic defenders who are salaried employees of the court or private attorneys, known as Criminal Justice Act (CJA) attorneys, whoare compensated on an hourly basis. This study measures differences in performance of these types of attorneys and explores somepotential causes for these differences. Exploiting the use of random case assignment between the two types of attorneys, an analysis offederal criminal case level data from 1997-2001 from 51 districts indicates that public defenders perform significantly better than CJApanel attorneys in terms of lower conviction rates and sentence lengths. An analysis of data from three districts linking attorney experience,wages, law school quality and average caseload suggests that these variables account for over half of the overall difference inperformance. These systematic differences in performance disproportionately affect minority and immigrant communities and as suchmay constitute a civil rights violation under Title VI of the Civil Rights Act. (NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH,An Analysis of the Performance of Federal Indigent Defense Counsel Radha Iyengar NBER Working Paper No. 13187 June 2007http://www.nber.org/papers/w13187.32