las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

tareas en el agente fiscal en los casos de delitos de acción pública, sea por propia decisión del primero oante la petición de este último, cuando la denuncia hubiera sido recibida o promovida por él.Paralelamente, las tajantes disposiciones de tales ordenamientos, abriendo dos vías para el iniciode la instrucción, permitían -y aun permiten, en el caso argentino- obviar el requerimiento fiscal en loscasos en que no existiere denuncia ante la policía o una fuerza de seguridad sino, lisa y llanamente, unaprevención o información policial, robusteciendo el rol activo del juez instructor, por su contacto directocon la autoridad policial.Año tras año se sucedieron modificaciones legales en procura de un creciente protagonismo encabeza de los fiscales, como lo puntualizó días atrás la delegación de mi país. Se generalizó, en primerlugar, la facultad de delegación de facultades instructorias a dichos funcionarios por parte de todos losjueces del fuero: en lo correccional, en lo penal económico, en lo criminal y correccional federal y demenores.Luego, una innovación legal, avizorada por el codificador procesal pero no desarrollada por él,concurrió a reforzar la menguada operatividad del ministerio público fiscal. Me refiero a la plausibleincorporación a la ley penal de fondo del instituto de suspensión del proceso a prueba, la mal llamada“probation”. Desde su implementación, en 1994, el consentimiento debidamente fundado del fiscal esrequisito sine qua non para la concesión de dicha medida.Otra novedad legislativa, la irrupción en la legislación procesal en materia penal federal delmecanismo simplificador del proceso denominado -a mi juicio, eufemísticamente- “juicio abreviado”,incorporado en mi país en 1997, significó (al margen de los reparos de orden constitucional que surégimen me merece, y a los que luego me referiré) el reconocimiento de una serie de facultades, talescomo promover la aplicación de esa modalidad, recibir en audiencia al imputado y a su defensor y fijarel límite máximo de la sanción a imponer por el tribunal actuante.En el mismo año se introdujo en ese sistema procesal la instrucción sumaria, modalidad que dejala investigación directamente a cargo del agente fiscal, para los casos de individuos sorprendidos enflagrancia de un delito de acción pública.Claro que, afortunadamente, a diferencia del actual instituto costarricense, ese resorte sólofunciona respecto de casos en los cuales el juez considere “prima facie” que no procederá la prisiónpreventiva. En tales supuestos, el fiscal instructor se encuentra facultado para hacer conocer al imputadoel hecho que se le atribuye y las pruebas existentes en su contra, recibir sus aclaraciones o su indicaciónde nuevas pruebas útiles, dar vista al querellante, si lo hubiere, al término de la instrucción, y postular elsobreseimiento o requerir la elevación a juicio del proceso.Siempre con tal orientación, en 2001 hubo de adjudicarse a los fiscales, en el ámbito al que mevengo refiriendo, la dirección de la investigación, en los ilícitos de competencia criminal de instruccióno correccional que no tuvieren autor individualizado –los denominados N.N.-, con mera noticia al juezcompetente en turno.Y a tales atribuciones del fiscal se sumó, en 2003, la de recibir declaración al imputado, en loscasos en que el delito investigado fuere el de privación ilegal de la libertad agravado o el de secuestroextorsivo, en virtud de una ley sancionada en medio de una auténtica catarsis represiva desatada enel medio parlamentario argentino, que condujo a catorce reformas del Código Penal en menos de untrienio.Como cabe apreciar, en la jurisdicción federal argentina, la marcha hacia un sistema acusatorioha sido lenta pero sostenida. En un caso puntual, como el que acabo de referir, se ha dado un paso másde lo que considero constitucionalmente admisible; pero, en el otro margen, una realidad permaneceinvariable, y es la del juez de instrucción que continúa erigido en factor central de la investigación,desoyendo la antigua advertencia del profesor Julio Maier, quien supo apostrofar en su momento: “o elbuen inquisidor mata al buen juez, o el buen juez destierra al inquisidor”.160