las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

punto, conocer la experiencia de Japón, país que en un momento mundial de tasas en ascenso registrauna de las más bajas.Se sugiere también la importancia de ampliar las hipótesis legales que dan lugar al principio deoportunidad –que debería privilegiarse al inicio de la investigación-, al arresto domiciliario, o a la prisióndiscontinua, para mencionar sólo algunos mecanismos que desplazan el uso de la mencionada medidade prisión. De no ser idónea ninguna de estas alternativas, los participantes consideran pertinente que ladecisión judicial sea fundamentada con rigor.i) Ineficacia de las medidas alternativas en la resolución de conflictosLa utilización insuficiente de mecanismos simplificadores del proceso, fue otro tema discutidoentre los participantes. En general, consideraron los asistentes que es imperativa la implementación demedidas alternativas en la resolución de conflictos que faciliten respuestas oportunas y menos violentasa delitos de menor impacto social.A pesar de que los códigos procesales penales de la región han incluido medidas alternativas, sesostuvo que aún no se han creado las condiciones institucionales y organizacionales adecuadas para sucorrecta utilización, debido principalmente a la falta de capacitación de los funcionarios de los ministeriospúblicos de la región sobre de dichas medidas.ii)Altos índices de impunidad en la administración de justiciaUno de los propósitos más visibles de la reforma a la justicia penal, según el criterio generalizadode los participantes, es procurar mayor eficacia y eficiencia procesal a través de la implementación deprocedimientos orales, públicos y contradictorios. Señalan, además, los asistentes, que estos elementospermiten consolidar procesos judiciales más transparentes y eficientes, presupuesto fundamental paracontrarrestar los altos índices de impunidad que han deteriorado la percepción general del sistema en lacomunidad.Si bien se ha avanzado en este propósito, de acuerdo con los datos presentados por el Directordel ILANUD, Elías Carranza, en su ponencia durante la edición 2010 del Curso, en los países de ingresomedio y bajo el número de funcionarios judiciales per cápita es inferior al número de operadores judicialesen países de ingresos altos. Esta situación explica en buena medida que -a pesar de los innegables avancesde la reforma en la consolidación de un nuevo sistema de justicia penal- aún subsisten problemas comola impunidad y la falta de celeridad en los procesos, debido, en buena medida, a la excesiva demanda detrabajo que sobrecarga a los despachos judiciales de la región.iii) Limitados presupuestos asignados a la administración de justicia y métodos detrabajo ineficientesMétodos de trabajo ineficientes, recursos materiales y humanos inadecuados o escasos parala gestión de altos y crecientes volúmenes de casos, son otros de los inconvenientes en los que hancoincidido los asistentes a las diferentes ediciones de los Cursos. La austeridad presupuestal con la quecuenta siempre la administración pública para gestionar sus funciones es una realidad que no es ajena ala administración de justicia de los países de la región, y que se convierte en un obstáculo para el buendesarrollo de sus funciones.Con el fin de que las jornadas laborales en los despachos judiciales sean más eficientes, losasistentes a los cursos consideran necesario que se implementen capacitaciones más integrales de sus208