las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

funcionarios. Se menciona también la importancia de que los cursos de capacitación y sensibilizaciónse impartan a todos los funcionarios judiciales y no se restrinjan –como sucede en algunos casos- a lasmáximas autoridades del poder judicial.También en relación con la eficiencia en la labor judicial, algunos participantes a los cursoscoincidieron en señalar la conveniencia de implementar un sistema de monitoreo y seguimiento quevalore la gestión de los funcionarios.iv)Escaso apoyo institucional a la Defensa PúblicaOtro aspecto en que coincidieron sin reservas los asistentes a los cursos fue en que el papel de ladefensa pública es de especial relevancia en la consolidación de la justicia democrática y en el controlde la actividad represiva del Estado. Según la información entregada por los mismos participantes, ladefensa pública asume la representación de un porcentaje importante de los imputados en los procesospenales en la región, quienes en su mayoría no cuentan con los recursos económicos suficientes paracontratar los servicios de un defensor privado.Sin embargo, a pesar de esta importante labor, es con frecuencia la institución más abatidapor los recortes presupuestales del sistema de justicia, situación que ha afectado significativamente sudesarrollo y capacidad de gestión. Por lo anterior, se señaló que es imperativo dotar a la defensa públicade las herramientas y políticas institucionales necesarias que le permitan mayor autonomía funcional ypresupuestaria, para garantizar estándares de defensa efectiva, en condiciones de igualdad frente al enteacusador.Se insistió también en la necesidad de implementar una política de igualdad de armas, con el finde que en la práctica las partes procesales –acusación y defensa- cuenten con las mismas posibilidadesjurídicas para definir y defender sus posturas en el debate. Aunque se reconoce que el principio deigualdad de armas ha sido ampliamente desarrollado en la literatura jurídica, se reiteró que en la prácticaprocesal la defensa se acerca al proceso en condiciones de desigualdad en cuanto a las posibilidades dealegación, contradicción, prueba e impugnación.v) Necesidad de consolidar los nuevos roles de los actores procesalesSi bien los cuerpos normativos que definen los lineamientos de la reforma consagran sin mayoresreticencias los nuevos roles del juez y del fiscal dentro del proceso penal, los participantes señalaron queen la práctica no son pocos los jueces que -permeados aún por el rol protagónico que los caracterizabareproducencon frecuencia algunas de sus derogadas funciones. Esta situación se vuelve más complejaal generarse fricciones con el papel del fiscal, encargado en el nuevo sistema de guiar la investigación yde ejercitar la acción penal.Los funcionarios judiciales que asistieron a los cursos señalaron que el arraigo cultural al sistemainquisitivo genera una suerte de “reacciones instintivas” entre los operadores judiciales, situación queralentiza el proceso de toma de conciencia sobre el alcance de sus actuaciones en la transformación.Asimismo, se destacó que para atender a esta realidad se requiere una inversión suficiente enrecursos humanos, organizacionales, en infraestructura y en cursos de formación que hagan operativala reforma. En relación a los procesos de capacitación, se insistió que estos deben plantearse en dosdirecciones. Por un lado se deben diseñar programas de capacitación sobre los nuevos roles de losfuncionarios judiciales y, por otro lado, se deben organizar capacitaciones dirigidas a sensibilizar a losfuncionarios judiciales sobre la conveniencia y pertinencia de la reforma.209