El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio Públicoluego de la legalización de la aceptación de cargos que hiciera el postulado,razón por la cual el inciso propuesto sobraba, muy seguramenteporque se confiaba en que de las versiones, la investigación de la Fiscalíay la participación de las víctimas resultaría el agotamiento total deese universo de hechos violentos que arrastraron al país al abismo de laintolerancia y el irrespeto a la dignidad humana.Las decisiones de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior deBogotá D.C. respecto de este tipo de solicitudes, siempre fueron derechazo. Para efectos de sustentar tales fallos, en algunas ocasiones laSala acogió las razones aducidas por la Fiscalía en el sentido de tener elcaso reportado y la víctima en su registro o “base de datos”, por lo quelos solicitantes deberían esperar el desarrollo de todo el procedimientode la Ley 975 de 2005.En otras oportunidades la solicitud se rechazó por cuanto no podía establecersecon claridad que el hecho se correspondiera con el actuar dealgún grupo armado beneficiario de la mencionada ley; en algunas porausencia del nexo de causalidad entre el daño y el actuar del grupo, osimplemente el hecho se atribuía a una organización no desmovilizada,razón por la cual el hecho y el daño generado por él escapan al procedimientoprevisto en dicha normatividad.Frente a las consideraciones que soportaban el rechazo de la solicitud,el Ministerio Público manifestó, en algunas ocasiones, que la Sala deJusticia y Paz debería distinguir entre la admisión de la solicitud, el trámitedel incidente y la decisión de fondo sobre las pretensiones.100Respecto del artículo 42, inciso 2°, de la Ley 975 de 2005, se instó porla aplicación del criterio fijado por la Corte Constitucional en cuanto alos requisitos para que una víctima fuese reconocida como tal al interiordel proceso de Justicia y Paz. Así las cosas, muchas de las solicitudespresentadas debieron haber sido admitidas, por cuanto a la mayoría deellas se anexó prueba sumaria sobre el hecho generador del daño y surelación con el actuar del grupo armado desmovilizado o beneficiariode la referida Ley.Ahora bien, la acreditación probatoria del denominado “nexo de causalidad”debería desarrollarse o incorporarse en el curso del incidente,