El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005templado en la Ley 975 de 2005 estableció la audiencia de formulaciónde imputación, la que se identifica con el acto procesal a través del cualel Estado, por vía de su órgano de persecución penal, le debe atribuiry dar a conocer al procesado, a su defensor, a las víctimas, al MinisterioPúblico y a la ciudadanía en general, el o los delitos –incluyendola descripción de sus elementos fácticos y jurídicos– respecto de loscuales realizará la investigación de responsabilidad y, de ser posible, laconsecuente sanción penal.4.2 Fundamento normativoLa regulación prevista por la Ley 975 de 2005, a pesar de ser propia yparticular, no es absoluta en la medida en que no agota la totalidad dealternativas u opciones de acción a las cuales se pueden ver avocadoslos protagonistas y partícipes del acto procesal regulado y, además, losvacíos que puedan presentarse deben ser llenados con las normas de laLey 906 de 2004, por expreso mandato de complementariedad o integradorprevisto en el artículo 62 de la Ley de Justicia y Paz 37 .Esas circunstancias –regulación propia y particular, ausencia de regulacióncompleta y la integración a normas de la Ley 906 de 2004- unidasal carácter y fin especial de la Ley 975, justifican con creces los debatesy alternativas de interpretación que se narran en el presente capítulo.La norma integradora del artículo 62 de la Ley 975 de 2005, permeabilizatodo el proceso judicial penal previsto en ese compendio y, porende, las reglas señaladas en la Ley 906 de 2004 respecto del fenómenode la unidad de proceso y de sus excepciones, le son aplicables al procesojudicial de Justicia y Paz.Quiere decir lo anterior que, acorde con los mandatos de los artículos2 de la Ley 975 de 2005, y 50 de la Ley 906 de 2004, a cada personavinculada a un grupo armado organizado al margen de la ley que hayasido autor o partícipe de delitos cometidos durante y con ocasión de la6737Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 8 de junio de 2007, M.P. ÁlvaroOrlando Pérez Pinzón. Radicado 27484.