El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005“[c]omo es entendible, la exigencia de que el momento procesal adecuadopara solicitar y decidir sobre la procedencia de las medidas cautelaresreales sea el de la audiencia preliminar para la formulación de laimputación, se compadece a plenitud con la necesidad de garantizar elpresupuesto general de aquellas relacionado con la apariencia de buenderecho –fumus bonis iuris-. No en vano, de acuerdo con el pretranscritoartículo 18 de la Ley de Justicia y Paz, la propia formulación, en cuantoantecedente procesal necesario del acto cautelar, presupone que de loselementos materiales probatorios, la evidencia física, la información legalmenteobtenida o de la versión libre del desmovilizado, pueda inferirse,de forma razonable, el compromiso de aquél en la realización de unoo varios de los delitos investigados” 33 .Además, los otros aspectos que se pusieron de presente por parte delMinisterio Público como requisitos de las medidas cautelares sobre bienes,tales como la prueba sumaria de la existencia de las víctimas, lafundamentación de la Fiscalía en torno a los elementos cognoscitivos,los elementos materiales probatorios, evidencia física o información delos que se deriven la aplicación necesaria y proporcional de las medidascautelares; así como los principios que en materia de teoría generaldel proceso informan las medidas cautelares, se dejaron de lado, para,bajo una expectativa de posible defraudación, se le diera total realce alos derechos de las víctimas, aún a costa de los mandatos del debidoproceso.Sin embargo, no se trata de una simple relación de bienes entregadospor el postulado y la consecuente declaración de las medidas de embargoy secuestro de los mismos con el fin de proteger a las víctimas, lodemuestra la decisión del magistrado de control de garantías, OlimpoCastaño Quintero, quien en audiencia preliminar de formulación de medidascautelares, en el proceso radicado 200880011, postulado DiegoFernando Murillo Bejarano, canceló la diligencia por cuanto la Fiscalía,si bien aportaba los documentos relacionados con los bienes, no pudosatisfacer la pretensión de la judicatura de presentar los elementos probatoriosdirigidos a demostrar la calidad de desmovilizado y postuladoa los beneficios de la Ley 975 de 2005.6133Manual de Procedimiento para la Ley de Justicia y Paz, GTZ, Editado por Editorial MillaLtda., enero de 2009, Bogotá, Colombia, Pág. 318-319.