El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicopues en sede de justicia ordinaria las consecuencias de la renuncia a estagarantía no son las mismas del proceso transicional bajo estudio.Ahora bien, si dentro del proceso reglado por la Ley 975 se realiza laconfesión o reconocimiento de participar en la comisión de una conductaque no se cobijaría por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, lasvíctimas de tal hecho no pueden excluirse del trámite correspondiente,si se tiene en cuenta que la calidad de víctima se establece con independenciade la identificación, aprehensión, procesamiento o condenadel autor de la conducta punible, por lo que correspondería el trámitey fallo del incidente de reparación a favor de la víctima de tal hecho,la garantía a conocer la verdad de lo ocurrido y el correlativo deber delpostulado en revelar esa verdad o contribuir a su establecimiento.La conducta a desarrollar por parte de la justicia ordinaria, que por competenciadebe conocer de la acción penal por este hecho, es adelantarel proceso por el rito procesal vigente a la época de comisión del hechoy restablecer todas las garantías y beneficios legales del procesado,reconociendo incluso el ejercicio de reparación integral a las víctimasde dicha conducta adelantado al interior del proceso de Justicia y Paz,elemento que incide en la dosificación de la pena que deduzca el juezordinario. El restablecimiento de las garantías incluye la posibilidadde generar un espacio para que se adelante la confesión del procesadoo indiciado y no tomar por tal la realizada en Justicia y Paz, la que detrasladarse no cumpliría con los requisitos formales, como se dijo.139
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Público2.1 Presentación del tema2. PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ YPRINCIPIO DE OPORTUNIDADHernando Aníbal García Dueñas,Procurador 9º Judicial Penal II de Bogotá D.C.La menor vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley penalpor delitos de poca gravedad o de reducido impacto social, indican laposible solución del caso al interior de la propia dinámica social conmecanismos jurídicos alternativos. Precisamente este tipo de conductaspunibles fueron las que dieron origen a la solución entre las partespor medio de la aplicación del principio de oportunidad, instrumentojurídico que tiene por finalidad 83 que la Fiscalía General de la Naciónsuspenda, interrumpa o renuncie a la persecución penal.Sin embargo ya no es sólo la menor gravedad del delito lo que generasu aplicación, pues el desarrollo de la política criminal del Estadoha ampliado las situaciones que pueden ser cobijadas por el principiocomentado. Tal es el caso de delitos graves cometidos por quienes hanpertenecido a un grupo armado organizado al margen de ley, utilizadoilegalmente uniformes e insignias y portado ilícitamente armas y municiones,y luego desmovilizado y manifestado con actos inequívocos supropósito de reintegrarse a la sociedad.140De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia “…el principio de oportunidadreclama como condición básica inexcusable que la conducta penalse reporte típica, antijurídica y culpable, pues, sobraría mencionar,si sucede que falta alguno de estos atributos, lo adecuado no es acudira esa potestad del fiscal, incluso sometida a bastantes condiciones, enpunto de garantizar los derechos de las víctimas, que deben actualizarse83“La filosofía de este principio de oportunidad radica en la necesidad de simplificar, acelerary hacer más eficiente la administración de justicia penal, descongestionándola de la pequeñay mediana criminalidad; y, en contraprestación, se evitarían efectos criminógenos de laspenas cortas de privación de la libertad, estimula la pronta reparación a la víctima; y se leotorga la oportunidad de inserción social al que cometió la conducta punible” CorporaciónExcelencia en la Justicia, Reforma Constitucional de la Justicia Penal, Tomo I, página 211.
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