El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoreparación. De tal suerte que, sin las confesiones de los hechos anterioresa la desmovilización pero posteriores a la vigencia de la Ley 975,se afectarían gravemente los derechos de la sociedad en cuanto a esoshechos. Esa afectación de derechos no se limita al acceso a la verdad,sino que incluso, podría estimarse como una forma de impunidad.Y por último, porque desde las perspectivas anteriores, el fin de pacificación,con verdad, justicia y reparación, a cambio de bajas penas, nodebería fraccionarse utilizando la fecha de vigencia de la Ley para dejarpor fuera del contexto de verdad, de justicia y de reparación, hechosanteriores a la desmovilización, la cual debería ser el límite temporalen un contexto de sometimiento a la justicia o de retorno a la civilidady legalidad.Ello en el entendido que todos los delitos cometidos por un grupo armadoal margen de la ley que se produzcan antes de su desmovilizaciónpero que tengan relación causal y temporal con la militancia a esegrupo, necesariamente tienen la misma lógica y dinámica, aún cuandosean posteriores a la vigencia de la Ley de Justicia y Paz o involucrendiferentes perpetradores o partícipes.Además el propósito de las normas de pacificación, y en especial el dela Ley 975, es llegar a la paz por vía del acuerdo, y en éste se incluyó,tanto sometimiento a la institucionalidad como flexibilización de lasanción para los delitos causal y temporalmente vinculados al conflicto,a cambio de que la sociedad y las víctimas sepan toda la verdad respectode esos delitos y sean debidamente reparados por los daños causadospor ellos. De tal manera que, si no existe diferencia en cuanto al contextode comisión de los hechos delictivos, tampoco debe existir diferenciaen el mecanismo estatal utilizado para su sanción.Por tanto, a juicio de la anterior interpretación, la discriminación realizadaen el texto del artículo 72 de la Ley 975 de 2005 respecto de delitoscometidos después de la entrada en vigor de la ley, resulta contrariaal valor superior de la justicia acogido por nuestra Constitución.133