El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005Fueron los motivos anteriores los que llevaron al Ministerio Públicoa solicitar del magistrado que preguntara a la Fiscalía si se había dadocumplimiento al artículo 5º parágrafo 1º del Decreto 3391 de 2006, enel sentido que en tanto los bienes fueron entregados con anterioridad ala imputación se hubiesen puesto a disposición del Fondo para la Reparaciónde Víctimas para que esta entidad procediera a su recibo.Igualmente, se sostuvo que en virtud del principio de complementariedadera necesario dar aplicación a las normas que en esta materiaconsagra el Código de Procedimiento Penal, indicando que a la FiscalíaGeneral de la Nación le corresponde cumplir en este tipo de actuacionescon una carga cognoscitiva y de fundamentación y, en consecuencia, nosólo debe acreditar, como en este caso, que estamos en presencia de unpostulado, que éste se ratificó y que entregó bienes para la reparación delas víctimas, sino que igualmente, y para el debido rito procesal, debeacreditar siquiera sumariamente que hay víctimas y, se afirmó que sibien en este caso ello parecería evidente, no era dable predicar la figuradel hecho notorio, porque el juez en su calidad de tal, desconoce loshechos y por lo tanto la Fiscalía está en la obligación de acreditárselos.Contrario a la opinión del Ministerio Público, el magistrado de primerainstancia consideró que tratándose de víctimas ello no es una materiapenal sino civil y que, por lo tanto, sí aplicaba la teoría del hecho notorioy que, incluso, el mismo magistrado en protección a las víctimas podíatomar medidas cautelares que no se le hubiesen solicitado.Se afirmó también en la sustentación del recurso que en aras de la protecciónde las víctimas, el proceso penal no se podía “descuadernar” atal punto que los actos procesales se realizaran de cualquier manera. Porello se dijo que en la Ley 975 de 2005 el fiscal conserva la obligación deprobarle al juez lo que afirma y por ello si reclama medidas cautelaresdebe acreditar, siquiera sumariamente, la existencia de las víctimas yque la nueva expresión procesal impide que el juez decrete oficiosamentedichas medidas a favor de las víctimas.57Si el fiscal pretende medidas cautelares, debe atender los artículos 93 y94 de la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, en la respectiva audienciaexpondrá ante el juez los criterios de necesidad y proporcionalidad en