El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicohecho al sistema de justicia consensuada estadounidense radicaen el hecho de que la ausencia total de un control distintoa la verificación de la aquiescencia del imputado riñe con unode los fundamentos democráticos de la legitimación del poderjudicial, consistente en la función de averiguar la verdad procesalconforme a las garantías del debido proceso (…)Así mismo, se ha señalado que el acuerdo sin ningún controlde tipo jurídico tiende más a reflejar el criterio que hayalogrado imponer una de las partes que la verdad real de loacontecido (…)En este orden de ideas, ningún procedimiento penal con fundamentoen el respeto de la dignidad humana y orientado ala búsqueda de un orden justo, como lo sería el de todo EstadoSocial y Democrático de Derecho que se precie de serlo,podría condenar a una persona bajo el presupuesto de unaverdad meramente formal, sustentada tan solo en el consensoque tanto el organismo acusador como el procesado manifiestenante el juez de conocimiento, sin que este último tenga laposibilidad de verificar que no se hayan afectado derechos ygarantías fundamentales.” 108La pertinencia de los conceptos antes señalados radica, fundamentalmente,en que el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005 resultaser, frente al establecido en la Ley 906 de 2004, un procedimientoabreviado, un preacuerdo o negociación y encontrándose en semejantesituación analógica debe procederse a la integración normativa, respetandola teleología de la ley de justicia transicional.174Así las cosas, la audiencia de control de legalidad de la formulación yaceptación de cargos, resulta ser una audiencia en donde se debe realizarel control judicial de lo actuado por la Fiscalía y, al igual que ensede del procedimiento de la Ley 906 de 2004, el juez está en la obligaciónde revisar no sólo las condiciones en que se da la manifestaciónpre acordada de culpabilidad, sino también el fundamento fáctico de108Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de octubre de 2008, M.P.Julio Enrique Socha Salamanca. Radicado 29979.