El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio Públicoacogerse a la Ley 975 de 2005, duda que deviene porque ante la preguntapor hechos concretos, elude responsabilidad, aduciendo que conocióde los mismos a través de terceros y que por ello no puede dar másinformación, manifestando nuestra preocupación en la reconstrucciónde la verdad como obligación principal que tenemos para entregarleverdad y justicia que piden nuestras víctimas.Se expuso que el postulado ha manifestado en las versiones que haceesfuerzos para dar a conocer hechos en los que no participó directamente,pero en esas mismas versiones ha sostenido que la consolidaciónpolítica a su cargo sólo podía ejecutarse cuando se había agotado laconsolidación militar; que cuando él se enteraba de la forma como seejecutaba la consolidación militar, previa a la consolidación política,sentía dolor y tristeza, y por ello pedía perdón.Señalamos nuestra discrepancia con la defensa cuando expuso que la Fiscalíano había efectuado una adecuada inferencia de autoría o participación,aseveración que fundamos en la claridad que al respecto hizo la señora fiscal,basada en las continuas manifestaciones del postulado en torno a queaceptaba la responsabilidad política y jurídica que le atribuyera el Tribunalde Justicia y Paz, a lo cual sumamos lo dicho por el postulado descrito enprecedencia. La Magistratura impartió legalidad a la imputación.De otra parte, varias fueron las experiencias de los procuradores judicialesque han intervenido en audiencias de imputación ante magistrados decontrol de garantías de Medellín, donde existen posiciones distanciadasentre los dos operadores que ejercen esa función, e incluso entre los mismosprocuradores que han asistido a las diferentes diligencias.80A título de ejemplo se citan las audiencias solicitadas para imputar alos postulados Parmenio de Jesús Usme García y Freddy Rendón Herrera,en las cuales el magistrado ha improbado las imputaciones porser parciales, no obstante la decisión adoptada por la Sala de CasaciónPenal de la Corte el 23 de julio de 2008, en el procedimiento seguido encontra de Omar Enrique Martínez Ossías.La solución del problema jurídico que se analiza se traslada al escenariodel contenido del artículo 27 de la Ley 906 de 2004 aplicable a lalegislación de Justicia y Paz por remisión expresa del artículo 62 de la