El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio PúblicoDentro de los derechos fundamentales resultan destacables los postuladosde los artículos 11, 12, 13 y 29 de la Constitución Política en cuantose establece la inviolabilidad del derecho a la vida e integridad personaly las garantías procesales para sancionar los ataques en contra de ellos,y la facultad de acudir ante las autoridades para obtener la protección yefectividad de los derechos, dentro de un marco normativo claro, obligatorioy previamente establecido.El artículo 93 ídem señala la prevalencia de las normas incorporadas entratados y convenios internacionales ratificados por Colombia en materiade derechos humanos; a su turno el artículo 229 garantiza el accesoa la administración de justicia para todas las personas. En materia deconductas punibles la Constitución le impone a la Fiscalía General dela Nación una serie de cargas frente a los afectados, cargas que se debenagotar en el trámite del proceso, en especial el numeral 6º del artículo270 que establece como deber: “[S]olicitar ante el juez de conocimientolas medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lomismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integrala los afectados con el delito”. Por último el artículo 277, numeral7º establece la intervención de la Procuraduría General de la Naciónante las autoridades judiciales de todo orden, en defensa de los derechosy garantías fundamentales.96Conforme con la previsión del artículo 93 de la Constitución Política,dentro del ámbito de la normatividad internacional podemos encontrarel artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,que establece el derecho del acceso a la justicia. En el ámbito regionalse encuentran los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos (CADH), los cuales consagran los derechos a lasgarantías judiciales y a la protección judicial. Concretamente, puededestacarse lo dispuesto en el numeral 1, artículo 25 de la Convención,sobre los recursos expeditos para exigir la protección judicial de losderechos.En el punto específico de la reparación y restablecimiento de los derechosconculcados, el numeral 1, artículo 63 de la CADH estableceque: “[C]uando decida que hubo violación de un derecho o libertadprotegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice allesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá