El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoesto es, reivindicar que no tenían vínculo alguno con la subversión, nicomo pertenecientes ni como auspiciadores o colaboradores de talesgrupos armados.El Procurador Judicial que intervino en el trámite, interpuso recurso deapelación contra la sentencia. La petición principal se hizo en el sentidode revocar el acápite correspondiente a la concesión del beneficiode pena alternativa, en el entendido que la decisión del 28 de mayo de2008 le señalaba de manera clara a la Sala de conocimiento del TribunalSuperior de Bogotá D.C, la necesidad de pronunciarse al respectosolo en tanto se allegara la actuación que se ordenaba seguir por cuerdaparalela y sucesiva, considerando que semejante orden respondía a lanecesidad de imponer la pena alternativa cuando se encontrara satisfechoel requisito de legibilidad de la verdad y colaboración con la administraciónde justicia, por medio de la confesión completa y veraz quedebe realizar todo postulado a la Ley 975 de 2005.Esta interpretación del fallo aludido se puso en conocimiento de la Salade conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá D.C, la que al procederen contrario desconocía lo previsto en segunda instancia respectodel postulado Salazar Carrascal.En el caso analizado observamos que “El Loro”, patrullero del bloque“Héctor Julio Peinado Becerra” confesó tres homicidios, una extorsión,un porte ilegal de armas y una falsificación en documento público, apesar de estar vinculado a un grupo paramilitar por más de 12 años.Así, resulta poco creíble que por carecer de estudio o no tener un mandoimportante dentro de la jerarquía del frente al que pertenecía, el postulado–escolta personal de alias “Juancho Prada”, comandante del frente–no haya conocido las relaciones de su grupo armado con las autoridadesciviles y militares de la zona y con los gremios económicos como lasempresas de palma de cera, ganaderos y agricultores que financiaron lasactividades de ese grupo armado al margen de la ley.241Si bien es claro que la Corte Suprema de Justicia autorizó la expediciónde una sentencia parcial para subsanar graves yerros procesales, conesta decisión se produjeron dos consecuencias negativas, desde el puntode vista del derecho a la verdad de la sociedad. La primera permitirle al