El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicode inconstitucionalidad, en la cual la contrariedad debe ser manifiestacon respecto a las normas constitucionales.Para arribar a la conclusión de que los artículos 18 y 19 de la Ley 975 de2005 no violan de manera flagrante el numeral 4 del artículo 250 constitucionalen cuanto se refiere a la competencia del funcionario ante quiendebe presentarse el escrito de acusación, deben hacerse las siguientesprecisiones. El numeral 4 del artículo 250 constitucional exige, en elplano formal la existencia de un escrito de acusación y la presentaciónde éste ante el Juez de Conocimiento. Por su parte la finalidad del escritoy su presentación es el de dar inicio a un juicio público y garantistaen el sentido de poner límites al debate en el juicio y servir de marcopara la sentencia.Pues bien, sobre el punto no cabe duda de que en la Ley 975 de 2005la formulación de cargos es el presupuesto del juicio y de la sentencia.El Juez de Conocimiento no se sustrae del control correspondientepues en la etapa subsiguiente realiza el control de los cargos aceptadospor el postulado, por lo que podrá afirmarse que los actos previos realizadosante el magistrado de Garantías son innecesarios, repetitivos,superfluos, o de cualquier otra naturaleza, pero en manera alguna podráafirmarse que suprimen la competencia que la ley y la Constitución leatribuyeron al Juez de Conocimiento en Justicia y Paz para controlarla acusación.164Debe destacarse que el modelo procesal penal adoptado en la Ley 906de 2004 no respetó, en su integralidad, los postulados de modelos procesalesextranjeros revisados y utilizados para el diseño. Por ejemplo,en el punto de la acusación el control respecto de ésta, tanto en Chilecomo en Estados Unidos radica en el funcionario que podríamos asimilaral Juez de Control de Garantías, para garantizar la imparcialidad delfuncionario encargado del juicio, lo que solamente se logra si no tienecontacto con las cuestiones preliminares al mismo.Ahora bien, la discrecionalidad legislativa en el diseño de los trámitesprocesales no puede ser cuestionada por razones de conveniencia o deutilidad so pretexto de una excepción de inconstitucionalidad. De talmanera que los diversos controles de constitucionalidad que la mismaCarta diseñó operan en un plano jurídico y no en uno político. Por tal