El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicointimidaciones o problemas logísticos que puedan afectar los derechosde las víctimas.Dada su condición manifiesta de debilidad por la condición de la contraparte,se hace imprescindible además que, a las víctimas en estosprocesos, en todo caso y lugar, se les represente por una defensa técnicacalificada de confianza o de ser necesario de carácter público, y que dichapostulación guarde no sólo continuidad sino que mantenga contactodirecto con la víctima. Lo anterior porque la mayoría de nuestras experienciasdan cuenta de defensas fragmentadas y distantes del lugar deasentamiento del afectado, incomunicación que se traduce en obstáculoen el ejercicio reconstructivo de la verdad argumentada.No justifica la Ley de Justicia y Paz en su aplicación, descubrimientosprecarios o sostenidos de los medios de conocimiento en poder delinstructor hacia las víctimas, máxime cuando se centra el proceso enla entrega total de la verdad por parte de los victimarios a cambio deimportantes prebendas en materia sancionatoria. Precisamente la dinámicadel proceso invita al control horizontal de parte, de manera que loscontroles judiciales resulten apenas formales por el interés común querodea el hallazgo real de lo sucedido.Cuando las audiencias preliminares tengan como propósito excluir alpostulado de la Ley de Justicia y Paz, deberá ser llamada la víctima aeste escenario pues dependiendo de la causal invocada se vería legitimadapara apoyar o controvertir la pretensión en la medida en que susderechos se puedan ver afectados. En caso de muerte del postulado,por ejemplo, tendría el derecho a ser informado acerca de las posibilidadespara que siga el ejercicio reconstructivo de la verdad, o cuandomenos, para promover el incidente de reparación integral como partedel daño generado por el colectivo o grupo del cual se desmovilizó elpostulado excluido.En la audiencia preliminar de solicitud de medidas cautelares o de medidade aseguramiento, la legitimidad de intervención de la víctima secentra en la garantía de protección y la de reparación, razón por la cualse demanda del Fiscal competente no sólo la citación al víctima, sinoen muchos casos la interacción previa con ella para poder fortalecer losargumentos de soporte.205