El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005La mayoría de las víctimas que concurrieron al inicio del procedimientono contaban con un profesional del derecho que les asistiera y en talrazón acudían a los abogados de la Defensoría Pública presentes en laSala, quienes de manera oportuna les brindaban la asesoría que en elmomento requerían.Sin embargo, teniendo en cuenta que un número importante no habíadiligenciado los formatos diseñados para obtener la representación judicialse acudió, por parte de la Defensoría, a desplazar hasta el Palaciode Justicia a judicantes para que diligenciaran dichos formatos, lo queagilizó el trámite y permitió que las personas, sin más gastos que losya asumidos en su desplazamiento, pudieran formalizar su petición deasistencia judicial.Si bien se satisfizo la demanda de servicios de manera adecuada y concompromiso, la experiencia advertida nos permitió hacer algunas recomendacionestanto a la Defensoría como a la Fiscalía para que se adecuaraun espacio idóneo para la atención de víctimas simultáneamentecon las versiones.Víctimas determinadasAl iniciarse las versiones se advirtió concurrencia de víctimas de localidadesdistantes, en especial procedentes de los departamentos delMagdalena y del Cesar, quienes manifestaron su inquietud en cuantoa la asignación de abogados de la Defensoría Pública, pues a pesar dehaber otorgado poderes y entregado documentos con antelación ante laDefensoría de su departamento, desconocían el trámite impartido, y enespecial, qué defensor los representaba.Por ello, se gestionó ante las Defensorías del Pueblo del Cesar, La Guajiray Magdalena para que remitieran el listado de víctimas a quienesaún no se había asignado defensor público, lo cual sirvió para solicitarante la Regional Atlántico las respectivas asignaciones, obteniéndoseque las víctimas del Bloque Norte y del Frente Resistencia Tayronaobtuvieran la representación judicial solicitada.123Algo diferente ocurrió respecto a las víctimas de los departamentos deBolívar, Sucre y Córdoba, pues no obstante nuestra gestión en aras dela designación de los representantes judiciales de víctimas por parte de