El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio PúblicoAl punto, se trae a colación lo precisado por la Sala de Casación Penalde la Corte Suprema de Justicia en decisión del 12 de mayo de 2009 127cuando analiza el valor probatorio de la confesión en Justicia y Paz, alseñalar que es idónea para probar los hechos si supera los juicios delegalidad material y formal.La discusión radicaría, entonces, en la demostración de cada uno delos daños que, conforme lo dicho en precedencia, si se torna exigenteharía interminable la actuación de la Sala de conocimiento, sin que ellosignifique que la jurisdicción deba plegarse a lo expuesto por la víctimay lo acusado por la Fiscalía.Aquí cabe resaltar que en el único ejercicio de reparación integral, el resultadofrustrante para las víctimas no dependió de un comportamientorigurosamente exigente de la Sala de conocimiento, pues la magistraturaincluso ordenó la práctica de pruebas de oficio, supliendo en algunamanera, las deficiencias de las solicitudes de los representantes de lasvíctimas y, esas deficiencias en el sustento probatorio de las pretensionesindemnizatorias o de acreditación del daño, fueron las que originaronel resultado frustrante en materia de reparación.Las exigencias probatorias respecto de las solicitudes de los representantesde las víctimas, no pueden ser objeto de flexibilización alguna,en atención a su condición de profesionales del derecho que les permiterealizar solicitudes adecuadamente sustentadas. Por su parte la libertadprobatoria facilita el establecimiento de los daños causados con la conductapunible, el ejercicio en esta materia debe ser creativo por parte deestos profesionales y no se debe reiterar el esquema del sistema inquisitivodonde las peticiones indemnizatorias, en la mayoría de los casosno se soportaban probatoriamente.En reciente decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deJusticia 128 trazó los derroteros en cuanto a la construcción de la verdady la impartición de justicia, precisando que el último escenario –ademásde la versión– lo es la audiencia de legalización de cargos.201127Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 12 de mayo de 2009, M.P. AugustoIbáñez Guzmán. Radicado 31150.128Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de septiembre de 2009, M.P.Sigifredo Espinosa Pérez. Radicado 32022.
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Público5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLODE LAS AUDIENCIASJairo Ignacio Acosta Aristizábal,Procurador 357 Judicial Penal II de Bogotá D.C.Plantear una dinámica de intervención de las víctimas en la construcciónde la verdad, en sede de las audiencias propias del proceso deJusticia y Paz, supone desentrañar la estructura de esta expresión dejusticia transicional en donde el fin último de lograr una paz sosteniblese encuentra supeditado no sólo al cese de las hostilidades sino a la norepetición de los hechos y la garantía de los derechos de las víctimas ala verdad, la justicia y la reparación.Por ello resulta completamente sano aprovechar la textura abierta dela Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, en especial el 3391de 2006 para cumplir los cometidos de un proceso judicial efectivo deinvestigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de beneficios penalesa los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de laley, dentro del cual las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer susderechos a conocer la realidad sobre las circunstancias que acompañaronlos hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido.202De otra forma se validarían las constantes críticas efectuadas por partede teóricos y representantes de la sociedad civil a los instrumentos legalesy reglamentarios, cuando ven en el conjunto normativo que inspirael proceso de reconciliación un retroceso en materia de acceso a lajusticia por parte de las víctimas. Su postura resultaría acertada desdeuna interpretación restringida de la norma, la cual no parece ser la recomendadaen la regulación práctica de la participación de las víctimas enla integralidad del proceso.En efecto, no sólo se ha registrado un cambio sustancial en la estructuradel proceso penal en nuestro marco constitucional, al concebirlo en laactualidad como un espacio argumentativo propio de un modelo dialógicoentre la víctima y el victimario con miras a resolver el conflicto.Dejando atrás el esquema en el que se reduce el proceso a una expresión
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