El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoporque se parte de un principio de responsabilidad penal del procesado,sino solicitar la preclusión o pedir absolución” 84 .Por esta razón, en cumplimiento del principio de obligatoriedad, la Fiscalíatiene que investigar y acusar a los presuntos autores o partícipesdel delito cuando tenga fundamento probatorio para hacerlo.No obstante, la Fiscalía tiene también la facultad constitucional paraaplicar el principio de oportunidad por razones de política criminal enlas causales definidas en la ley, actuación que debe garantizar la participaciónde las víctimas para que puedan hacer valer sus derechos ala verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para lo cual estásometida al control de legalidad ante el Juez de Control de Garantías.2.2 Fundamento normativoEl artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 85 dispone que los desmovilizadosde un grupo armado organizado al margen de la ley tienen la posibilidadde no ser perseguidos penalmente cuando no hayan sido postulados porel Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en laLey 975 de 2005, siempre que en su contra no cursen investigacionespor delitos cometidos antes o después de su desmovilización.Por la trascendencia de esta disposición, se exige la observancia de unaserie de requisitos que buscan impedir que su aplicación sea generadorade impunidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la procedencia delprincipio de oportunidad en relación con casos por delitos graves implicauna excepción al principio de obligatoriedad en el ejercicio de laacción penal, el cual es un desarrollo del principio de legalidad, que a suvez se encuentra soportado en la obligación a cargo del Estado de investigary sancionar a los presuntos autores o participes de delitos graves.No puede perderse el norte en cuanto a que el proceso de desmovilizaciónes de integrantes de grupos organizados al margen de la ley que14184Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 mayo de 2009, Salvamentode voto del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, M.P. Dr. Julio Enrique SochaSalamanca. Radicado 31362.85Modificatorio del numeral 17 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.