El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio PúblicoDebe entenderse que este requisito cobija a aquellas agrupaciones que,pese a no haber sido conformadas exclusivamente para actividades denarcotráfico, efectivamente se financian con ellas.En el caso concreto se dio por probado en la sentencia que, como formade financiación, el frente Héctor Julio Peinado utilizaba la práctica del“gramaje” 138 , es decir el cobro de un porcentaje de dinero sobre las gananciasde las actividades ilegales del narcotráfico a las personas que lapracticaban en la región.Si bien en este proceso no es posible afirmar que este frente se conformócon la exclusiva intención de realizar el tráfico de estupefacientes,quedó demostrado que todo su actuar se financiaba con esa actividadilegal, por lo que podría estimarse que sus miembros obtenían una remuneraciónprocedente de actividades ilícitas. Lo cual nos lleva al establecimientode otro de los requisitos de elegibilidad concerniente ala entrega de los bienes que tienen esta procedencia con destino a lareparación de las víctimas, razón esta para determinar que en el caso específicode Wilson Salazar Carrascal, el bien inmueble que poseía debióser entregado para efectos de la reparación de las víctimas.En cuanto al requisito determinado en el numeral 10.6, que hace referenciaa la liberación de las personas secuestradas que se hallen enpoder de la organización armada ilegal, es necesario recordar las consideracionesrealizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-370de 2006, en el entendido de que la información debe tender no sólo ala liberación de secuestrados sino la ubicación de restos de personasdesaparecidas forzadamente.236La interpretación sobre el cumplimiento de este requisito debe ampliarseen ese sentido, dada la práctica generalizada de los grupos paramilitaresde desaparecer forzadamente a sus víctimas y luego ejecutarlasextrajudicialmente. El postulado no entregó información en ninguno delos dos sentidos antes mencionados. Aquí, como en otros aspectos laSala de conocimiento dio por establecido el requisito ante la ausenciade prueba en contrario, es decir no hubo un análisis real y soportado enla información o evidencia allegada por la Fiscalía.138Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 19de marzo de 2009, M.P. Eduardo Castellanos Rosso. Radicado 11001600253200680526.Párrafo 62.