El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005centró su argumentación en los artículos 17, 18 y 19 de Ley 975 de 2005,por cuanto la facultad de verificación e investigación de la Fiscalía nohabía concluido. Se adicionó que, la suspensión de la diligencia afectaríalos derechos de las víctimas de hechos ya reconocidos, quienes esperanresultados, cuyas expectativas y credibilidad en el proceso se veríanafectadas con maniobras dilatorias.En contraste, los abogados de las víctimas, la mayoría de la DefensoríaPública, se mostraron conformes con la decisión por cuanto la versiónno fue completa y por ende no veraz, acorde con el condicionamientode la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, dado que losdesplazamientos no fueron puestos de presente al postulado. Otros afirmaronque sus preguntas no fueron formuladas y por ello se opusieron ala realización de la diligencia. La Magistratura mantuvo su decisión argumentandoque no se podrían formular cargos por hechos no incluidosen la imputación porque vulneraría los derechos del postulado, considerandoque lo sano era permitirle al postulado que ampliara su versión.Otorgado el recurso fue tramitado ante la Sala de Casación Penal de laCorte Suprema de Justicia, actuación en la que el Ministerio Públicoestuvo representado por la Procuraduría Judicial de Justicia y Paz deBogotá D.C. En la audiencia de sustentación del recurso de apelaciónel Procurador Judicial hizo mención a las cifras publicadas en los números61 y 62 de la revista Huellas de la Fiscalía General de la Nación,para dar cuenta de la magnitud del proceso de Justicia y Paz, esto es,la existencia de 126.302 personas registradas en calidad de víctimas,3.257 postulados, 4.679 delitos enunciados para confesión y 1.152 delitosconfesados.En cuanto a la determinación de la magistrada de control de garantíasde Barranquilla, el Ministerio Público alegó que la suspensión que sedecretó no debió darse, porque lo procedente hubiese sido agotar ladiligencia convocada y permitir por lo menos la presentación de la imputaciónpor la Fiscalía. Impedir tal situación indicaba la procedenciadel recurso por tratarse de una determinación de fondo y no de trámite,porque debía entenderse rechazada la presentación de la imputación.73El Procurador Judicial estimó razonable la necesidad de dinamizarel proceso de Justicia y Paz, pues del avance en la versión libre del