El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicode garantía, sino que en el puntual caso de la Ley de Justicia y Paz apareceinconcebible la construcción de la verdad desde un solo extremo.Esto implica una transformación esencial del método de la construcciónde la verdad, por cuanto deja de ser una verdad como correspondenciaen términos aristotélicos para pasar a ser una construcción jurídicaconjunta, en la que víctima y victimario entregan, con argumentos valorablesa través de una interacción dialógica, su versión y su visión delo sucedido, hecho que supone entonces, para que sea lo más completoposible, la concurrencia activa de las dos partes.Por tal razón, no guarda lógica sustraer a la víctima del escenario probatorioen el que se construye la verdad jurídica, a pesar de lo concluidopor la Corte Constitucional en la sentencia C-454 del 7 de junio de2006, cuando antepuso el principio de igualdad de armas y el adversarial,propio de la Ley 906 de 2004, a los derechos fundamentales de lavíctima a conocer la verdad, a acceder a un espacio de garantía efectivaen su descubrimiento y a recibir la contraprestación de los argumentoso las explicaciones del otro.De reconocerse estas premisas resulta entonces claro que las omisionesde la Ley 975 de 2005 en punto de la explícita participación de lasvíctimas en audiencias y diligencias se supera con creces acudiendo, enprimer término a la naturaleza y fines del proceso de paz y reconciliaciónque direcciona esta Ley, el cual resulta perfectamente compatiblecon el nuevo modelo procesal de la construcción dialógica de la verdady recoge por vía del artículo 62, que se refiere a la complementariedad,la totalidad de los institutos que los códigos de procedimiento penalaplicables desarrollen a favor de las víctimas.La efectividad del proceso se encuentra entonces íntimamente ligada alespacio que se le propicie, permita y facilite a la víctima en la reconstrucciónde lo sucedido, razón por la cual, de abajo hacia arriba, estánllamados a ser constructores, en procura de una justicia material, losactores intervinientes, los magistrados de control de garantías y la Salade conocimiento en la Ley de Justicia y Paz.203Trátese de audiencias preliminares (imputación o de formulación decargos), legalización de la formulación y aceptación de cargos, o la
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicocorrespondiente al incidente de reparación integral, no podrán faltaren ningún caso, para comenzar, los actos de constatación que acreditanla calidad de víctima con la misma dinámica que impone el rigor demostrativoy argumentativo que supone el ejercicio reconstructivo delo sucedido y que se hace cada vez más exigente en la medida en quese acerca al punto de solución del conflicto.Esto se traduce en que la prueba sumaria que basta para el reconocimientoinicial de la condición de víctima, a lo largo del proceso debeser robustecida, pues los actos de reparación, a diferencia de los deacceso al mecanismo judicial de protección efectiva, (Justicia) y a lareconstrucción de la verdad jurídica (verdad) suponen niveles superioresde convicción que pueden ser reconocidos por el victimario opor la autoridad judicial encargada de declarar derechos en punto de lareparación integral.Ahora bien, si el proceso de Justicia y Paz aplica el principio de lapermanencia de la prueba por su misma naturaleza reconstructiva y porenfrentarse a expresiones organizadas de poder que dificultan el accesoa los medios de conocimiento en términos de concentración e inmediación,lo correcto, metodológicamente hablando, es que las víctimaspuedan participar en todo momento y lugar, desde el principio en eldiálogo constructivo de la verdad procesal; de allí que resulten odiosaslas discriminaciones a las que se les sometió en las fases previas a laimputación en este proceso de Justicia y Paz.204Estas limitaciones deben ser superadas con una labor conjunta, de acopioargumentativo a través de medios del conocimiento fiables y legalmenteadquiridos por la Fiscalía y las víctimas, actividad que no sepuede limitar, como en algunos casos sucede en la actualidad, a jornadasesporádicas de víctimas con fines de información superficial o deun censo.Lo ideal es entonces hacer partícipe a la víctima del plan o programametodológico del instructor para que de esa manera se organice y orientetambién su propia labor. Debe ser aprovechado además ese espaciopara ventilar y conjurar con la Fiscalía cualquier evento relacionadocon factores externos al desarrollo del procedimiento, como amenazas e
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