El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio PúblicoPor la especialidad del procedimiento señalado en la Ley 975, la sentenciaque culmina dicho procedimiento, debe contener todos los aspectosconcernientes a la finalidad de la normatividad, situación que seenmarca dentro de lo que la jurisprudencia de la Sala Penal de la CorteSuprema ha establecido como los requisitos del escrito de formulaciónde cargos, para guardar la debida congruencia.Individualización de la penaLa individualización de la pena hace referencia al establecimiento delos límites mínimos y máximos dentro de los cuales fluctúa la pena aimponer, el establecimiento de los cuartos de movilidad en los términosde la Ley 599 de 2000 y la pena finalmente deducida, habida cuenta delos criterios señalados en el inciso 3°, artículo 61, ídem.Este ejercicio, sobre lo que hemos denominado pena ordinaria, requierede una fundamentación adecuada por parte de la Fiscalía al momentode formular los cargos al postulado, se requiere que las circunstancia demodo, tiempo y lugar en que se perpetraron las graves violaciones a losderechos humanos y al derecho internacional humanitario, se encuentrenacreditadas y calificadas jurídicamente, bien como circunstanciasde mayor punibilidad (en Decreto Ley 100 de 1980 de agravación genéricas),bien como circunstancias de menor punibilidad (en Decreto Ley100 de 1980 de atenuación punitiva).Establecidos los cuartos de movilidad punitiva, por el estudio de las circunstanciasconcurrentes de mayor o menor punibilidad, correspondedeterminar el quantum punitivo o la cantidad de pena que finalmente seimpone. Para poder determinarla el sentenciador debe valorar la mayoro menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturalezade las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidaddel dolo, la preterintencional o la culpa concurrentes, la necesidadde pena y la función que ella debe cumplir en el caso concreto.Para el caso específico de la Ley de Justicia y Paz, se considera detrascendencia para este proceso de individualización la posición quedesempeñaba el postulado sentenciado dentro del grupo armado organizadoal margen de la ley.227
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio PúblicoEs decir, si ostentaba la calidad de comandante, mando medio o desimple patrullero, atendiendo los lineamientos expuestos por la SalaPenal de la Corte Suprema de Justicia cuando establecía, a manera dedirectriz para los procesos de Justicia y Paz, la atribución de responsabilidadconforme con el esquema de la denominada “coautoría porcadena de mando” 134 . Según la cual se debería reducir el significado dela responsabilidad del autor directo -y por ende el reproche punitivoagravandola responsabilidad del hombre de atrás, en la medida que seasciende en la jerarquía del denominado aparato organizado de poder.Por consiguiente este debería ser un aspecto que se analizaría en el momentode examinar la “intensidad del dolo” y establecer finalmente lapena a imponer.Como quiera que en los procesos de la Ley 975 de 2005, se procedepor una serie de conductas punibles, concursantes con el denominadodelito base de concierto para delinquir agravado, una vez se han individualizadocada una de las penas a imponer por cada conducta se debeatender la preceptiva del artículo 31 de la Ley 599 de 2000 (artículo26 Decreto Ley 100 de 1980), en cuanto hace al establecimiento de la“pena más grave” de las que se han individualizado, no la que se estimecomo establecida para la conducta más grave.228A manera de ejemplo, la Ley 599 de 2000 contempla una pena de prisiónpara el homicidio agravado que oscila entre los 25 y 40 años deprisión, para el homicidio en persona protegida se establece una penade prisión que oscila entre los 30 y 40 años, multa de dos mil a cincomil salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación parael ejercicio de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. Entonces,en principio, podríamos establecer como la pena más grave la establecidapara el homicidio en persona protegida, pues además de la penaprincipal de prisión contempla la de multa y la inhabilitación de derechosy funciones públicas.Así las cosas, la mayoría de las veces se estima como calificante de lagravedad de la pena, en el concurso, los límites máximos y mínimos dela pena de prisión, por lo que en el ejemplo, el resultado sería estimar134Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia del 2 de septiembre de 2009,M.P. Yesíd Ramírez Bastidas Radicado 29221.
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