El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

Experiencias de la intervención judicial dentro de los procesos penales de la Ley 975 de 2005Lo anterior constituye una afortunada variación de la jurisprudenciatoda vez que, insistir en dicho requisito para ordenar la iniciación de untrámite de reparación con fundamento en lo previsto en el artículo 42,inciso 2°, de la Ley 975 de 2005, hace inocua esta norma, contraría losestándares internacionales sobre la materia y reduce las posibilidadesde intentar la obtención de reparación a la existencia de un procesopenal ordinario o a uno de Justicia y Paz (artículo 23 de la Ley 975 de2005), donde un desmovilizado postulado haya confesado o admitido laconducta punible generadora del daño cuya reparación se pretende.6.4 El incidente de reparación en el proceso de WilsonSalazar CarrascalSobre el incidente de reparación previsto en el artículo 23 de la Ley975 de 2005, tan sólo se cuenta con la experiencia realizada ante la Salade Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en el procesoadelantado contra Wilson Salazar Carrascal.Se dio paso a este incidente mediante la decisión de la Corte Suprema deJusticia, Sala de Casación Penal, fechada mayo 28 de 2008. El devenirprocesal o la suerte de este postulado nos ha servido a todos los intervinientesen el proceso de Justicia y Paz como una guía o cartilla bajo lacual se han estructurado “las primeras letras” de nuestro aprendizaje.Sin embargo, si se revisan las particularidades del caso no debería haberseiniciado con este postulado, puesto que dentro de la estructura delgrupo armado al que pertenecía, no era más que un patrullero urbanosin jerarquía y de los que se les puede llamar integrantes rasos.Para la iniciación del incidente se presentaron solicitudes por parte delos defensores públicos, con respecto a los homicidios de Luis AlbertoPiña Jiménez, Ayda Cecilia Lasso Gemade y Cindy Paola Rondón Lasso.El primer caso presentaba una dificultad, pues sobre el mismo existíasentencia condenatoria ejecutoriada y la Corte Suprema había instruidoa la judicatura para que, en caso de comprobarse la existencia de unasentencia condenatoria ejecutoriada por dicho homicidio, se debía105