El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio Públicoasistencia previa y concomitante de un defensor, previa advertencia sobreel derecho a la no auto incriminación, de manera libre, conscientey voluntaria.A su turno, en el plano material, debe superar los rigores del sistemade valoración probatoria imperante en Colombia que es el de la sanacrítica. Adicionalmente, acorde con lo dispuesto en el inciso 6°, artículo5º del Decreto 4760 de 2005, en el proceso de Justicia y Paz las confesionesproducidas en la versiones tendrán plenos efectos probatorios.De tal manera que, si en los trámites de Justicia y Paz los postuladoshan confesado la realización de hechos delictivos cometidos por ellos,y en tales confesiones se reunieron los requisitos establecidos por laley y la jurisprudencia para admitirles valor probatorio, resulta obvioconcluir que esas confesiones, al interior del proceso de Justicia y Paz,tienen pleno valor de acreditación.Por supuesto, a pesar de que en Colombia la ley procesal penal permitela libertad probatoria, la mayoría de los hechos confesados, por su objetividady/o complejidad, no podrán acreditarse integralmente con laconfesión, en la medida en que en la mayoría de los casos concurrirátambién la denuncia o el reporte de la víctima directa o indirecta, perohabrá casos en los cuales la confesión tendrá que ser el único medio deprueba, como en eventos de desapariciones forzadas con imposibilidaddel hallazgo del cadáver –por ejemplo, si fue arrojado a un río-.Ahora bien, comoquiera que no todos los ex miembros de los desmovilizadosgrupos armados al margen de la ley se sometieron al proceso deJusticia y Paz, resulta bastante fácil afirmar que las confesiones de losque sí se sometieron deben ser remitidas a la justicia permanente donde,previo el trámite propio de la prueba trasladada, deberán ser valoradascomo testimonio, entendiendo que el mecanismo de valoración siempreserá el de la sana crítica imperante en Colombia.De tal manera que, en principio, todas las confesiones producidasal interior del proceso de Justicia y Paz tienen vocación probatoriaen cualquier otro proceso. Esto es, podrán valorarse como tal, si reúnenlas condiciones establecidas por la ley y la jurisprudencia para137
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Públicohacerlo. La razón es elemental ya que el proceso de Justicia y Paz,a pesar de su especialidad, no deja de ser un proceso judicial y, portanto, similar a cualquier otro producido en la justicia permanente, detal suerte que las pruebas producidas en él –incluyendo la confesiónpuedenser trasladadas.En el mismo sentido, en el proceso de Justicia y Paz, el reconocimientoo la negación del derecho a recibir una pena alternativa, esuna de las opciones decisorias del proceso. Por ello, si un proceso detal naturaleza ha sido tramitado respetando plenamente las garantíasdel debido proceso, y en él, al valorar la conducta del procesado, seconcluye que no cumplió con las obligaciones que la ley le exige paraacceder a la pena alternativa, la negación del beneficio no afectará lavalidez del proceso.Por tanto, las pruebas producidas en él, serán plenamente válidas –incluyendola confesión- y por ende podrán ser trasladadas a otro procesoy valoradas en él, si en este nuevo proceso se cumple con los requisitosnecesarios para trasladar válidamente una prueba.No obstante lo anterior, el Ministerio Público estima que si un postuladorecibe los beneficios de la Ley 975 de 2005 y el hecho cometido conposterioridad a su vigencia de la Ley 975 de 2005 ha sido confesadocon el fin de contribuir a la paz nacional, pero por razón de la fecha desu ocurrencia no puede quedar cobijado por los beneficios de la penaalternativa, la confesión no puede ser utilizada en contra del propiopostulado en la justicia permanente, sin que ello implique la pérdidade las facultades estatales de investigar y sancionar al postulado por larealización de ese delito.138Si bien es cierto la confesión de hechos cometidos después de la vigenciade la Ley 975 de 2005 y antes de la desmovilización, resultaría seruna obligación del postulado de conformidad con los incisos 1° y 3° delartículo 17 de la Ley, por cuanto aquella debe ser completa y veraz, laconfesión de tales hechos no podría ser utilizada por la justicia ordinariapor cuanto no se cumpliría con los requisitos formales para su conocimiento,por lo menos en cuanto hace al conocimiento exacto sobrelas consecuencias de la renuncia al derecho de no auto incriminación,
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