El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio Público

El proceso penal de Justicia y Paz desde la intervención del Ministerio PúblicoSe invocó, en primer lugar, la decisión de agosto 23 de 2007, radicación28.040, M.P. María del Rosario González de Lemus, en la que la CorteSuprema de Justicia señaló:“De la lectura del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, se infiere,a diferencia de lo que aduce el magistrado, que sólo esposible el Decreto o imposición de medidas cautelares realesuna vez se ha formulado imputación por parte del delegadode la Fiscalía, respecto de las hipótesis delictivas que obranen contra de la persona postulada a los beneficios de la Leyde Justicia y Paz. De acuerdo con lo que la norma expresa demanera objetiva, no surge duda alguna en el sentido de que laimposición de medidas cautelares sobre bienes, sólo es posibleen el marco de la audiencia de formulación de imputación ocuando menos luego de que tal acto se haya realizado, esto es,la determinación sobre bienes, de acuerdo con la estructurade la Ley 975 de 2005, es ulterior al acto de la formulación deimputación, ya sea en la misma audiencia o en una posterior.No se remite a duda que el vicio a que se ha hecho alusióncompromete el debido proceso por desatención de la estructuraformal del trámite previsto en la Ley 975 de 2005”.No compartió la Procuraduría el argumento expuesto por el magistradode control de garantías en el sentido que el artículo 15 del Decreto reglamentario4760 de 2005, al referirse a las medidas cautelares, no lascondiciona a un acto previo de formulación de imputación, ya que dichapostura pierde de vista que la preceptiva simplemente desarrolla el procedimientode las medidas cautelares, pero sin oponerse a la estructuraprocesal prevista en el artículo 18 de la normativa reglamentada que,sin temor a equívocos, exige formulación de imputación previa a esadeterminación, lo cual tampoco podía hacer, dado el carácter reglamentariode la norma citada.56Como representantes del Ministerio Público, y en función de los valoresque informan el ordenamiento jurídico, lo que se predicó anteel magistrado de control de garantías y se reiteró ante la Corte fue lanecesidad de dar aplicación a las normas que inspiran el debido procesoen su expresión de las formas propias del juicio, sin que ello impliquedesatender la demanda de reparación de las víctimas.