El Proceso Penal de Justicia y Paz del Ministerio PÃºblico

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Discusiones actuales dentro del procedimiento penal de la Ley 975 de 2005y el rol del Ministerio PúblicoGobierno Nacional, 28.100 escuchados en versión libre al momento dela desmovilización, y que un número de 10.749 hayan recibido, sin compromisoadicional, beneficios como las resoluciones inhibitorias, no obstanteque actualmente en 205 casos la Fiscalía no ha resuelto los recursosde apelación en su mayoría propuestos por el Ministerio Público.El anterior panorama toma mayor relevancia para que al momento deefectuar el control de legalidad en la aplicación del principio de oportunidada favor de los casi 19.000 desmovilizados, se garantice la participaciónactiva de las víctimas y la oportuna intervención del MinisterioPúblico, y de esta forma se garantice que en cada caso resuelto se atiendaa la finalidad real contemplada en la Ley 1312 de 2009.2.3 Postura del Ministerio PúblicoCon anterioridad a la expedición de la Ley 1312 de 2009, la Corte Supremade Justicia 88 consideró que disponer del delito de sedición a favorde miembros de grupos organizados al margen de la ley adolecía deserios vicios de inconstitucionalidad por vulnerar los derechos de lavíctima y la imposibilidad de conocer la verdad afectando el derechode reparación, de suerte que con la sedición no podía solucionarse lasituación de los desmovilizados colectivamente.Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación en búsqueda deuna salida expuso la necesidad de darle contenido a la suspensión delejercicio de la acción penal o procedimiento a prueba conforme a loprevisto en el artículo 326 de la Ley 906 de 2004.Sumado a lo anterior llamó la atención sobre la necesidad de garantizarlos siguientes aspectos:(i) la reparación a las víctimas, con el establecimiento de planes dereparación -pecuniaria o simbólica-,(ii) la garantía de no repetición que requeriría, entre otros, de la asistenciade los desmovilizados beneficiados a programas de resocialización,reinserción y reconstrucción del tejido social,14388Ibíd. Corte Suprema de Justicia Radicado No. 26945
El proceso penal de justicia y paz desde la intervención del Ministerio Público(iii) la imposibilidad de hacer proselitismo político mientras el desmovilizadobeneficiado se encuentre cumpliendo las condiciones desuspensión a período de prueba,(iv) la intervención de los jueces de Control de Garantías, quienes tendríanla responsabilidad de pronunciarse sobre la extinción de laacción penal y, finalmente,(v) la imposibilidad de obtener el beneficio cuando exista la comisiónde delitos de tráfico de estupefacientes o constitutivos de gravesviolaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacionalhumanitario.La expedición de la Ley 1312 de 2009 abrió la puerta para que el MinisterioPúblico, de manera preferente, intervenga en todas aquellasactuaciones en las que la Fiscalía pretenda aplicar el principio de oportunidada favor de quienes se han desmovilizado de grupos armadosorganizados al margen de la ley, con la finalidad de garantizar que suaplicación corresponda a los casos donde existan elementos de juiciorazonables y suficientes para afirmar que se cumple con el mínimo delos requisitos exigidos 89 e igualmente garantizar que las víctimas seaninformadas y reconocidas como intervinientes legítimos durante el desarrollode la actuación.En su aplicación, los jueces o magistrados de Control de Garantías tendránla responsabilidad de impartir legalidad a la aplicación del principiode oportunidad en los casos que la Fiscalía lo solicite a favor dedesmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y con lafinalidad de no desconocer los derechos de las víctimas, garantizar eldebido proceso y evitar la impunidad de violaciones graves de derechoshumanos y derecho internacional humanitario.144El Ministerio Público tendrá que intervenir con el propósito de velar porel cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento, y en este sentidose debe tener presente que el principio de oportunidad: “…(i) es una89“Igualmente amplían los requisitos y obligaciones de quienes puedan ser beneficiados conesta herramienta jurídica, cuyo único objeto es la desarticulación de las bandas criminales,la erradicación del delito, la eficacia respecto de los postulados de verdad, justicia y reparacióna las víctimas y el respeto por los derechos humanos como ejes de la política criminalde Estado”. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley no. 342/2008 Cámara261/2008 Senado.
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